El juez decano cree que el Rey debería perder la inviolabilidad

Martínez Espinosa señaló que, debido a que ha supuesto una sorpresa que el Rey anunciara su abdicación, la cuestión sobre el aforamiento no se había planteado en la reunión de jueces decanos. Sin embargo, no eludió la cuestión cuando se le preguntó su opinión sobre qué tratamiento judicial debería recibir el actual Rey cuando abandone su cargo, ya que no hay ninguna normativa que regule la figura del monarca que abdica. Martínez Espinosa reiteró de nuevo que, a su juicio, debería reducirse el número de personajes aforados e incluyó en esta lista a don Juan Carlos. "Aceptaría un escenario donde no existiera ningún aforamiento", señaló el magistrado, que insistió en que lo "más lógico es que don Juan Carlos pierda la inviolabilidad" ante la ley de la que ha disfrutado durante su reinado. En este sentido, aclaró que en ningún caso se le podría juzgar por su actuación como Monarca, sino a partir del momento que abandone el cargo. "Se entiende que si la figura del Rey era inviolable por ser el Jefe del Estado, si pierde dicha condición también pierda esta inviolabilidad", señaló el decano, que insistió en que hablaba a título personal y no como portavoz de los jueces.

Pero al margen de la cuestión de la figura judicial del Monarca, Martínez Espinosa presentó ayer el documento que han elaborado los jueces decanos, en el que denuncian el peligro de politización que supondrá la aprobación de la ley sobre la reforma judicial que tramita el ministro Gallardón.

El portavoz denunció que la ley supone la desaparición de la democracia interna que permite a los jueces elegir a sus representantes, como es por ejemplo la votación para designar al decano. A partir de ahora, el juez decano desaparece y se sustituye por el presidente del tribunal provincial de instancia. No será elegido por los magistrados, sino por el propio Consejo General del Poder Judicial, que puede destituirlo en el momento que pierda la confianza.

El nuevo proyecto supone una apuesta por la centralización de la Justicia. Teóricamente, en Balears todos los juzgados se organizarán desde Palma, de tal forma que un ciudadano de Eivissa o Menorca tendría que desplazarse a Mallorca para realizar cualquier gestión. Lógicamente, el juez decano criticó que la ley no haya tenido en cuenta la insularidad, por lo que consideró que este proyecto, tal como está redactado, es imposible que se aplique en las islas.

También se crea la figura de presidente de Sala, que se encargará de coordinar a todos los magistrados que se encargarán de juzgar los casos. También lo nombrará el Consejo, pero los decanos apuestan por que sean los magistrados los que designen este presidente. Tampoco aprueban que a se autorice a este presidente a intervenir en cualquier juicio, ya que esta situación podría producir algún tipo de interferencia en la función jurisdiccional.

Los jueces decanos tampoco apoyan el intento de que se prohiba por la ley a los magistrados manifestar su opinión sobre un determinado asunto, ni tampoco realizar valoraciones jurídicas sobre cuestiones que afecten a otros poderes del Estado. Martínez Espinosa considera que este intentó vulnera la libertad de expresión de los jueces, que reconoce la Constitución. "No lo entendemos como no sea con la voluntad de silenciar a la carrera judicial", señaló el decano, que recordó que existen sanciones disciplinarias para los jueces cuando no cumplen las normas sobre determinadas expresiones.

A los decanos tampoco les agrada la posibilidad de crear la instrucción colegiada. Ello supondrá que un determinado caso pueda ser instruido por más de un juez. Martínez cree que se debe apostar por el juez de apoyo, no por el colegiado.