La embotelladora de Coca-Cola vulneró el derecho de huelga de su plantilla de Palma durante el pasado mes de febrero al traer desde Cataluña partidas de refrescos con las que cubrir la demanda de las islas mientras se estaban realizando los paros, según consta en la resolución emitida por la Inspección de Trabajo de Balears. Según se destacó ayer desde UGT, la infracción es calificada de muy grave y podría conllevar una sanción de hasta un máximo de 187.515 euros.
Esta decisión se adopta tras la denuncia presentada por el comité de empresa, al haber detectado que se descargaban en el puerto de Palma cargamentos de refrescos, para hacer frente a la paralización de la planta embotelladora a causa de la huelga que se había convocado. Como se recordará, estos paros formaron parte de las protestas organizadas en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto por esa compañía embotelladora, y que suponía poner fin a la actividad de las plantas de Mallorca, Asturias, Alicante y Madrid.
La resolución de la Inspección de Trabajo considera demostrado que la compañía redirigió los pedidos hechos a las instalaciones palmesanas a otras de Barcelona. Esta conducta se califica de "ilícita" y se acusa a la empresa de haber "utilizado sus facultades organizativas de forma lesiva para el derecho de huelga de los trabajadores del centro de Palma, vaciándolo de contenido y consiguiendo menoscabar la posibilidad de los huelguistas de lograr la finalidad que pretendían con su ejercicio".
Según UGT, esta resolución supone una "victoria moral" para la plantilla afectada por un ERE que se califica de "inaceptable" y que se juzgó esta misma semana en la Audiencia Nacional, habiendo quedado visto para sentencia.
En cualquier caso, cabe recordar que la protesta concluyó cuando la mayoría de la plantilla isleña afectada por el citado expediente aceptó la oferta de bajas incentivadas, prejubilaciones y traslados.
