­El pleno del Parlament aprobó ayer la Ley de Financiación de los consells insulars y la de transportes terrestres y movilidad con el respaldo del PP y críticas de la oposición, en especial en el caso de la financiación de las instituciones insulares hacia la que PSOE y Més mostraron un total rechazo y advirtieron que una ley de este calado no debería salir adelante sin consenso.

El conseller de Hacienda, José Vicente Marí, afirmó que el sistema que se fija en la ley supone una mejora de los recursos de los consells de 39,5 millones de euros, de tal modo que las instituciones insulares pasarán de 215,3 a 254,8 millones. Recordó que la ley cuenta con el respaldo de todos los consells y sostuvo que supone un modelo "viable y solvente" que da estabilidad a los ingresos de las instituciones insulares y les permite, además, "participar en los aumentos de ingresos que tenga la Comunidad Autónoma y la posible mejora del sistema de financiación autonómico", lo que supone "un paso importante a favor de su autonomía sobre la base de que todos somos Comunidad Autónoma".

Frente a él, el socialista Marc Pons y Nel Martí, de Més, acusaron al Govern de falta de diálogo y aseguraron que con esta ley empeora la financiación de los Consells, además de recentralizar competencias. "Se condena a los consells a seguir aumentando su deuda y a dar un mal servicio a los ciudadanos", sostuvo Pons quien afirmó que "quedan consolidados los recortes de 40 millones anuales a los consells". Nel Martí defendió la necesidad de introducir "mecanismos de redistribución de recursos" para dar más peso a variables como la doble insularidad a la hora de repartir los recursos.

La Ley de Transportes recibió críticas menos duras por parte de la oposición, que la apoyó en parte aunque reiteró que este texto supone "una oportunidad perdida". El conseller de Agricultura, Biel Company, defendió la ley resaltando que cuenta con un elevado "consenso con el sector".