Ni la imaginación más disparatada habría intuido la carambola que hizo que la investigación de la construcción de un velódromo en Mallorca terminara con la infanta Cristina imputada en un caso de corrupción y dando explicaciones al juez Castro.

El caso Nóos ha sido un intenso quebradero de cabeza para el Monarca, que tuvo que implicarse personalmente para evitar que su hija fuera imputada en esta causa de corrupción. Pero ni todo el poder del Monarca ha logrado doblegar al juez Castro, que tomó la meditada decisión de que la hija del Rey debía dar una explicación por las numerosas dudas que generaba su relación con los turbios negocios que encabezaba su marido.

La investigación del caso Nóos no ha sido sencilla, ni al principio, ni ahora que se acerca a su final. Ha necesitado de un fiscal y un juez valientes, que hace poco más de tres años desenmascararon ni más ni menos que al yerno del Rey. Detrás de la fortaleza física que mostraba Urdangarin se escondía una trama económica, concebida para enriquecerse personalmente con el asalto a las arcas públicas de las comunidades de Valencia y Balears. Y aunque al principio no se apostaba por el éxito de esta investigación, ahora nadie pone en duda la magnitud del resultado obtenido. Urdangarin ha pasado de ser un personaje admirado a ser una persona que nadie quiere a su lado, sobre todo el Rey, visto el daño que su yerno ha hecho a la imagen de la Monarquía, la institución hasta entonces más reconocida del Estado.

El monarca abdica tras la foto, repetida en todos los medios nacionales y extranjeros de su hija entrando a declarar en un juzgado en un caso de corrupción. La Infanta no bajó la rampa de los juzgados como el resto de imputados del caso Nóos (se alegaron razones de seguridad para no hacerlo), pero cuando se sentó frente al juez fue tratada como cualquier ciudadano, como así había pedido el Rey en uno de sus discursos de Navidad: “Todos los ciudadanos deben ser tratados de igual forma ante la Justicia”.

Castro ha imputado a la hija del Rey en contra de la opinión de los estamentos más poderosos del Estado. Ha roto su buena sintonía con el fiscal Horrach, que ha insistido en que se está equivocando, porque no hay una sola prueba que justifique llevar a juicio a la Infanta. Lo mismo piensa la abogacía del Estado. Y, sobre todo, Hacienda, que sostiene que la duquesa no ha cometido ningún delito fiscal. Pero cuando Castro toma una decisión es casi imposible que se arrepienta. Es el ejemplo de la Infanta, que finalmente tuvo que enfrentarse a su interrogatorio. Sus insistentes negativas a todas las preguntas no lograron convencer al juez, que pretende llevarla a juicio.

El Rey se ha visto obligado a implicarse en el caso Nóos, consciente del impacto que estaba teniendo el proceso en la institución que representa. Los nuevos datos que iban apareciendo cada día, fruto de la investigación, inducían a pensar que era difícil que Urdangarin hubiera montado todo este entramado sin el conocimiento de la Casa Real. Moncloa tuvo que reconocer que el Rey envió a su asesor legal, el conde de Fontao, para que hablara con su yerno y le aconsejara que abandonara sus negocios con Nóos. Una orden del Rey no se discute, se cumple. Pero Urdangarin no lo hizo. Formalmente se desvinculó de Nóos, pero siguió colaborando con sus negocios, dado los multimillonarios beneficios que le generaban.

Sin pretenderlo, Castro y Horrach han colaborado en ensuciar la imagen de la Casa Real. No se han inventado los hechos, se han limitado a descubrirlos. Nadie duda, ni el propio Rey, que Urdangarin no ha seguido el ejemplo que se exige a un integrante de la Familia Real y hoy pocos cuestionan que, un día u otro, terminará en la cárcel, sobre todo si no devuelve el dinero que consiguió.

Urdangarin se dedicó durante años a aprovecharse de su posición familiar para iniciar negocios privados. Consiguió el apoyo del expresident Matas jugando al pádel en Marivent, y así logró que el Govern financiara los dos fórum sobre turismo y deporte que se celebraron en Palma los años 2005 y 2006. El Govern le entregó casi tres millones, sin plantearse siquiera convocar un concurso, porque quien encabezaba el proyecto era Urdangarin. Ya lo dijo Matas en una entrevista: “Al yerno del Rey no se le obliga a presentarse a un concurso”. Tuvo que ser Urdangarin quien convenciera a los políticos de la evidente relación entre deporte y turismo, aunque eso costara a los ciudadanos de las islas varios millones de euros.

Urdangarin ha bajado dos veces la rampa de los juzgados, un tramo que se ha hecho tan popular que ahora mismo es ya un reclamo turístico en Palma. El deterioro físico del duque de Palma refleja el calvario que está viviendo desde que el juez y el fiscal decidieron investigarle. Pero además, también ha tenido que defenderse de su exsocio, que se ha dedicado a facilitar correos electrónicos tan comprometidos que han hurgado mucho más en la herida.

Mientras tanto, la infanta Cristina se convirtió en la mujer más investigada del país. Se ha conocido en qué gastaba el dinero que generaba Urdangarin y de qué forma lo hacía. Aunque el juez Castro quiso inicialmente imputarla por permitir que se utilizara su nombre en el instituto Nóos, su propuesta fracasó. La Audiencia le ordenó que se centrara en la empresa Aizoon, la sociedad que compartían los duques y que utilizaron para enriquecerse. El juez siguió las pistas que le llevaron a la conclusión de que la Infanta cometió un delito fiscal y otro de blanqueo a través de esta sociedad. Pocos se atreven a adivinar como terminará el caso Nóos, pero aunque hay que respetar la presunción de inocencia, todo parecer indicar que la Infanta y su marido llegaran a sentarse en el banquillo de los acusados.