El Institut Balear de la Dona realizó en 2013 un total de 412 informes de impacto de género en las normas y leyes de todas las administraciones de las islas. Se trata de actuaciones encaminadas a eliminar expresiones machistas de los textos normativos y disposiciones, así como la corrección de situaciones de desigualdad de las mujeres frente a los hombres.
En las 412 actuaciones realizadas se detectaron hasta 286 impactos de género que el departamento de la conselleria de Familia y Serveis Sociales pidió que se rectificaran. En concreto, en 98 normas encontraron la existencia de expresiones machistas y también capítulos discriminatorios para la mujer. Otras 156 rectificaciones fueron propuestas por la utilización de un lenguaje sexista y 32 por deficiencias en la igualdad de género en las normativas de las instituciones públicas de las islas.
La directora del Institut Balear de la Dona, Isabel Llinàs explicó que se trata de "informes preceptivos para las consellerias del Govern, consells insulars y los ayuntamientos". Sin embargo, "no son vinculantes".
Una de las rectificaciones más habituales es que en las normativas inscriben los cargos con expresión masculina: "El titular de la conselleria...". Cuando lo correcto debería ser: "La persona titular de la conselleria...". De igual modo, se rectifica de forma habitual nomenclaturas en género masculino. Es el caso de "profesor" para referirse al profesorado, hablar solo de "funcionarios" y no de "funcionarias", incluir en una norma o documento oficial "el interesado o el beneficiario" en vez de "la persona interesada o la persona beneficiaria", entre muchos otros ejemplos.
En el caso de las normas que vulneran la igualdad también existe un amplio abanico de rectificaciones. La más común es obviar la presencia del género femenino en las leyes y normativas que emiten las instituciones y que las discrimina frente a los hombres. En el caso de la Ley de Pesca del Govern se introdujeron toda una serie de parámetros para evitar que las mujeres que también trabajan en el sector quedaran en inferioridad de condiciones. Asimismo, se introducen vías en la normativa para evitar que las mujeres no se vean discriminadas a la hora de tener hijos o en el momento de acceder a subvenciones.
"La causa de un uso sexista del lenguaje en las normativas no se encuentra en la lengua. Se halla en el uso discriminatorio de las personas o las entidades hacen de él", apuntan desde el Institut Balear de la Dona.
Por lo que hace a la revisión de normativas se realiza un análisis de la situación de los hombres y las mujeres en el ámbito que regula la disposición del Govern, consells o ayuntamientos. El objetivo es evitar la desigualdad de sexos "valorando los factores sociales concurrentes", indicaron.
Isabel Llinàs comentó que desde el año 2007 todas las instituciones están obligadas a someter sus normas a un diagnóstico de impacto de género. Sin embargo, en Balears no ha sido hasta los últimos años cuando las instituciones públicas se han empezado a dar cuenta de la necesidad de prevenir las discriminaciones entre hombres y mujeres. Prueba de ello es que en 2015 únicamente se realizaron 115 informes o evaluaciones en las islas. En 2012 ya fueron 182 y en 2013 se ha disparado hasta las 412.
El pasado año 104 normas del Govern fueron sometidas a un análisis de impacto de género, 15 menos que en 2012. Esta bajada se debe, principalmente, a que en 2012 fue cuando el Ejecutivo autonómico puso en marcha toda su maquinaria legislativa. No obstante, los consells insulares han pasado de 12 informes en 2012 a 49 el pasado año.
Llinàs reconoció que los ayuntamientos han tomado conciencia de la necesidad de someter a sus normas a estas evaluaciones, ya que de 51 actuaciones hace dos años se pasó a 259 en 2013. Calvià, con 19 normas sometidas a diagnóstico, Algaida con 15 y Muro con 11 son los municipios isleños más concienciados en la igualdad.
