Mujeres y además con una edad avanzada, enmarcadas en la categoría de camareras de piso. Este es el colectivo que se puede ver más amenazado con la pretensión de las empresas hoteleras de facilitar la externalización de sus plantillas, según coinciden en señalar el profesor de Economía Aplicada de la UIB Llorenç Pou y el portavoz en las islas de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, Iago Negueruela.

Ambos recuerdan que uno de los puntos en los que se están registrando mayores tensiones a la hora de negociar un nuevo convenio de hostelería es precisamente la pretensión de los empresarios de facilitar la externalización de sus plantillas alegando que así se da mayor flexibilidad a su funcionamiento y se pueden atender de forma más correcta los incrementos puntuales o los descensos de actividad. Pero la oposición de los sindicatos a esta demanda es radical.

Pou y Negueruela coinciden en los riesgos que el objetivo de los hoteleros conlleva. Si se externaliza un servicio dentro de un hotel, como podría ser el de limpiadoras, la empresa contratada debe de subrogar a los empleados del establecimiento de alojamiento y respetar sus derechos salariales, pero solo ésos, y no los compromisos de cotización durante un número mínimo de meses al año.

Según la normativa, la empresa de servicios que se haga cargo de estas trabajadoras tiene que respetar sus salarios contemplados en el convenio de hostelería, pero las nuevas contrataciones pueden ser retribuidas según el convenio de la propia empresa. Y las diferencias son abismales.

El convenio de hostelería de Balears contempla un salario base para una camarera de piso de 1.239,2 euros mensuales. Pero un convenio de empresa en una de esas compañías de servicios fija como salario base el mínimo interprofesional, de 664,7 euros. El resultado sería que un hotel cedería sus empleadas a otra compañía, y a medida que éstas se jubilen o necesite más personal, las nuevas incorporaciones cobrarían la mitad. El agravio es tan patente como el abaratamiento de costes.

Pero el portavoz de los inspectores de trabajo apunta un riesgo aún más importante: el que se opte por despedir a las trabajadoras más veteranas, aprovechando las facilidades de la reforma laboral, aunque esta supresión de la relación laboral sea improcedente, para luego recontratar personal con salarios reducidos a la mitad. La operación, obviamente, quedaría amortizada en muy poco tiempo, según señala Negueruela.

Si lo que se pretende es ganar en flexibilidad y hacer frente a puntas de trabajo, se recuerda que existe la figura de las empresas de trabajo temporal, que pueden conseguir trabajadores para hacer frente a estas situaciones, aunque con una diferencia: un empleado aportado por una ETT tiene que percibir obligatoriamente el mismo salario que aparece en el convenio de hostelería, lo que supone que en este caso no hay un reducción de las retribuciones, a diferencia de la externalización.