El Consejo de Dirección del grupo parlamentario popular en el Senado ha retrasado hasta después de las elecciones europeas del 25 de mayo el estudio de las posibles sanciones para los cuatro senadores del PP por Balears que la semana pasada rompieron la disciplina del grupo en una votación sobre prospecciones petrolíferas.
Aunque se barajaba la posibilidad de que se estudiara ayer mismo el caso, fuentes parlamentarias explicaron que el Comité de Dirección ya no se reunirá hasta pasados los comicios europeos debido a lo apretado de las agendas de sus miembros por los actos de campaña. Otras fuentes justificaron este retraso a que el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, “lo ha trastocado todo”.
Llorenç Bosch, uno de los cuatro senadores baleares del PP que podría ser sancionado con hasta dos mil euros por no respetar la disciplina de voto y adherirse a una iniciativa socialista que instaba al Gobierno a suspender las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y a modificar la actual ley de hidrocarburos, declaró ayer que “voté a conciencia y volvería a hacerlo. Habría que ponderar mejor los intereses del grupo parlamentario con los intereses de la región por la que han salido elegidos los senadores de una cámara territorial”.
El senador, no obstante, se mostró cauto y prefirió aguardar al pronunciamiento del partido sobre una posible sanción por no haber seguido las indicaciones de su grupo parlamentario.
Aparte de Bosch, los otros tres senadores amenazados con una sanción por votar contra las prospecciones petrolíferas en el Senado son Josep Sala, Maria Antonia Garau y Gari Duran. Por el contrario, la senadora menorquina Joana Francis Pons no se sumó a sus compañeros y acató la disciplina de partido.
Por otro lado, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, consideró ayer que en las prospecciones petrolíferas en Canarias el Estado “ha ido como un elefante en una cacharrería; ha ido buscando los intereses de Repsol sin atender a los que vivimos allí”.
Alonso indicó a Efe que, aunque el riesgo de derrame de petróleo sea pequeño, en caso de producirse el efecto sería “devastador”, con unas consecuencias económicas y medioambientales “enormes”, por lo que estimó que “no merece la pena correr ese riesgo”.
Además, recordó que “no hay consenso en las islas” sobre las prospecciones y añadió que si el Estado quería llevarlas a cabo “se tenía que haber ocupado de buscarlo”. Por último, sobre el referéndum reclamado por el presidente canario, dijo que “los canarios deberían saber, tener información y opinar sobre el asunto”.
