La Audiencia de Palma ha dictado un auto por el que cuestiona la postura procesal de la magistrada que instruye el llamado caso Peaje, una causa de corrupción que investiga el desvío de más de 40 millones de euros que debían destinarse a la construcción de la carretera de Manacor. El tribunal ha aceptado el recurso que plantearon cuatro de los acusados, entre ellos Gonzalo Aguiar, que cuestionaban la postura de la juez cuando anunció que no había recurso posible ante su decisión de que el caso fuera juzgado ante un jurado popular y no por un tribunal de magistrados profesionales. Las defensas cuestionaban que no se diera la oportunidad de recurrir esta decisión, lo que podría ser una causa de indefensión. La Audiencia, en contra del criterio de la fiscalía, mantiene que las defensas tienen razón. La magistrada está obligada a resolver los recursos que planteaban los abogados antes de incoar el procedimiento para que el jurado popular resuelva este caso.

El tribunal, al aceptar este argumento de defensa, no ha entrado en los otros motivos del recurso. Los abogados consideraban que del relato de los hechos se concluía que se había cometido también un delito de prevaricación, por lo que no se podía llevar el caso ante un jurado. La Audiencia cree que no es el momento adecuado para pronunciarse sobre esta cuestión.

Esta alegación no es nueva. Los abogados plantearon esta situación ante la juez cuando se comunicó a los acusados la decisión de que el caso ya estaba investigado y que se juzgaría frente a un jurado popular. La magistrada dio la oportunidad a los letrados para que indicaran cúal de los acusados había cometido este mencionado delito de prevaricación. Ninguno de ellos entró en el envite de la magistrada.

La decisión de la Audiencia supondrá un retraso en la instrucción del caso, dado que la juez tendrá que resolver los recursos que le pueden plantear las defensas. En el caso Peaje se sentará en el banquillo de los acusados, entre otros, el exconseller de Carreteras del Consell de Mallorca, Antoni Pascual, así como el antiguo director general de este departamento, Gonzalo Aguiar, ambos de Unió Mallorquina. También se acusa al exingeniero jefe del Consell de Mallorca y al celador de obras de desviar fondos públicos destinados a la construcción para realizar obras en sus domicilios. Además, según concluye la juez, estos funcionarios exigieron dinero a varios particulares para que realizaran unas obras financiadas con dinero público.