Existen dos tipos de democracias: las que consideran que todos los ciudadanos son honestos hasta que se demuestre lo contrario y las que ven en cada uno de ellos a un infractor en potencia. Por supuesto, entre las dictaduras no existe esta distinción y todos los súbditos están bajo sospecha. España pertenece a la segunda clase de países democráticos. Toda la organización administrativa está estructurada a partir de un supuesto: el administrado no es de fiar.

Dos ejemplos sencillos. Para reformas de escasa importancia es obligatorio redactar un proyecto arquitectónico que debe pasar dos filtros: el del Colegio de Arquitectos y el municipal. Son redundantes. En un país que confiara en sus habitantes se daría por supuesto que el arquitecto que firma el proyecto y el constructor que lo ejecuta conocen los planes generales o normas subsidiarias, las ordenanzas municipales, los planes de seguridad y las especificaciones técnicas. Comenzar una obra requeriría una mera comunicación y la labor del Ayuntamiento se reduciría a controlar la ejecución y sancionar con dureza extrema al infractor, hasta inhabilitar de por vida o encarcelar a quienes se saltasen las leyes de forma flagrante. Algo inimaginable en un país como el nuestro, con servicios municipales, comisiones locales, comisiones insulares, direcciones generales y agencias de disciplina urbanística.

Para entrar o salir del metro de Berlín los ciudadanos no están obligados a sortear unos tornos. Bajan las escaleras, compran su tique en máquinas que ofrecen opciones en prácticamente todas las lenguas europeas y lo validan en unos discretos postes situados en mitad del andén. Los inspectores se limitan a controlar a los pocos viajeros que pretenden colarse gratis. Los infractores son pocos porque saben que el impago del billete les supondrá una fuerte sanción. Aquí, Serveis Ferroviaris de Mallorca está acorazando sus estaciones con vallas y tornos.

Además, desde el Govern se ha impulsado una norma legal por la que los interventores del tren tendrán la condición de agentes de la autoridad y podrán imponer multas cuantiosas a quienes viajen sin título de transporte. La diferencia entre la isla y Berlín estriba en que las medidas disuasorias -los inspectores y las multas- no se aplican a todo el mundo en Alemania, solo a los infractores, y aquí se universaliza la maldad. En Mallorca se gastan cinco millones y medio de euros porque todos los clientes son sospechosos.

¿Cuáles son las razones por las que este país recela de sus ciudadanos? Probablemente se trata de que los políticos consideran que sus gobernados merecen la misma confianza que ellos. Si hay administradores públicos que hinchan los presupuestos para cobrar una comisión, practican con fruición el nepotismo en la contratación de familiares o correligionarios o ponen a su servicio particular bienes comunes, ¿cómo no va a hacer lo mismo el resto de la población? El refrán, por excesivo que sea, es más aplicable que nunca en estos casos: cree el ladrón que todos son de su condición.

Sin embargo, los mismos políticos y poderosos que generan situaciones insoportables para los ciudadanos montan válvulas de escape para sí mismos. El verbo dimitir no entra en su vocabulario si no va unido a la palabra sentencia judicial. Los impuestos se evitan con cuentas en Suiza -y siempre tienen una explicación increíble- o con sicav de alto rendimiento y baja tributación. Por eso abren quirófanos de hospitales en horas en las que no se atiende a la población en general. Por eso se da un trato de favor al hijastro de Álvaro Gijón y se movilizan los altos cargos de la Policía para lograr una liberación exprés que se niega a la inmensa mayoría de los detenidos por agredir a un agente.

Este país dará un gran salto adelante el día que sus administradores comprendan que tratar a todos los habitantes como delincuentes potenciales es agotador y carísimo. Entonces se reducirán las superestructuras burocráticas de control preventivo creadas por ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno central, lo que conllevará un gran ahorro económico y de estrés social. El esfuerzo se centrará en la minoría de ciudadanos que incumplen las normas. Será mucho más barato y eficaz.