Al tener conocimiento del comportamiento de estos cuatro vigilantes de seguridad, el Govern, responsable de los menores que están internos en es Pinaret, adoptó una serie de medidas para evitar que los incidentes se repitieran. Debido a que estos vigilantes no trabajaban para el Ejecutivo, sino que habían sido contratados por una empresa privada, que había obtenido este servicio público a través de un concurso, no se les pudo imponer ninguna sanción disciplinaria. La medida que se adoptó fue prohibirles la entrada en el centro de Marratxí durante un periodo de varios meses. El Govern no estaba dispuesta a aceptar que los menores internos en es Pinaret, que es un recinto público, estuvieran vigilados por seguidores de ideología neonazi, sobre todo porque se trata de un centro socioeducativo.
