La futura Ley de Ordenación Minera de las islas, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Govern, tiene entre sus principales objetivos garantizar la restauración de cientos de canteras y evitar así el impacto medioambiental y paisajístico que esta actividad puede generar, según señaló ayer el conseller de Economía, Joaquín García, que además calificó esta tarea de ardua debido a que las explotaciones autorizadas antes de 1982, que superan el millar, no tienen esa obligación.

Según explicaron el conseller y el director general de Industria, Jaume Ochogavía, la nueva ley contempla un incremento de las fianzas que se deberán abonar para poder iniciar una de estas explotaciones, una cantidad que se devolverá cuando se haya realizado la regeneración de la zona. Esta restauración deberá iniciarse incluso antes de comenzar la explotación, al obligar a plantar árboles que impidan que la zona de los trabajos sea visible.

En estos momentos hay en las islas 124 canteras activas, de las que se extraen 2,4 millones de toneladas de material al año y dan empleo a 422 personas.

El problema radica en que las canteras que se autorizaron antes de 1982 no tienen la obligación de realizar esta restauración, y se estima que hay 1.025 explotaciones en esta situación, la mayoría ya abandonadas. Aunque en muchas de ellas ya no hay daños paisajísticos, la ley contempla también la posibilidad de que el futuro Consejo de la Minería (con representación de las empresas del sector y de las Administraciones de las islas) considere necesario regenerar uno de esos puntos, como podría ser a propuesta de algún Ayuntamiento, por citar un ejemplo. Para conseguirlo, se propondrá al propietario que reactive la explotación o que desarrolle una segunda actividad en ese espacio (podrá ser deportiva o cultural, como levantar un campo de futbol, por ejemplo) a cambio de realizar la citada restauración. Si el titular de los terrenos decide no aceptar la propuesta, el Govern podrá proceder a la expropiación del suelo para iniciar su regeneración.

En cualquier caso, Ochogavía reconoció que del millar de explotaciones ya inactivas, solo una parte pequeña puede necesitar una intervención de este tipo.

Nuevas fianzas

Respecto a las nuevas canteras, la fianza que deberán abonar pasa a ser de 7.000 euros por hectárea o 40 céntimos por metro cúbico, en lugar de los 3.000 euros por hectárea que actualmente hay que abonar. Este aumento tiene como finalidad el garantizar que la zona será regenerada si se quiere recuperar ese dinero.

También se fija la obligatoriedad de que todas las explotaciones mineras en activo obtengan la declaración de impacto ambiental por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente antes de diciembre del presente ejercicio.