El president del Govern, José Ramón Bauzá, sostiene en su escrito de conclusiones presentado a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que debe decidir si incurre en incompatibilidad, que como jefe del Ejecutivo balear no ha adoptado “ninguna decisión” que haya podido “beneficiar” a su farmacia de Marratxí. Por ello, considera que el ser propietario titular de una botica “no perjudica a los intereses generales” ni “compromete o pone en entredicho la imparcialidad, objetividad e independencia en el desempeño del cargo” de president del Govern.

Esta es una de las cuestiones que resalta en su escrito ante la Sala de los Contencioso del TSJIB el pasado 29 de abril, fecha en la que también presentó sus conclusiones la Abogacía de la Comunidad Autónoma, también en defensa de la compatibilidad del jefe del Ejecutivo con argumentos similares a los esgrimidos por el abogado de Bauzá. La Abogacía de la Comunidad afirma en su escrito que la parte recurrente (PSOE y Més) no ha acreditado que “el mero hecho de ser titular de una farmacia perjudique a los intereses generales, comprometa o ponga en entredicho su imparcialidad, objetividad e independencia en el desempeño del cargo de president”.

Este era uno de los asuntos en los que incidían PSOE y Més en su escrito de conclusiones, en el que afirmaban que existía un conflicto de intereses entre el Bauzá farmacético y el Bauzá president, que se había puesto de manifiesto con la aprobación de varias normativas en materia farmacéutica.

Así, entre otras, mencionaban el Decreto ley de junio de 2013 de creación de la Red Hospitalaria Pública balear y el procedimiento de centros privados de atención hospitalaria, en donde se “deroga el artículo por el que se aprueban las zonas farmacéuticas de Balears y el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia”. Además, la norma modificó parcialmente los baremos de méritos para el acceso a la titularidad de una oficina de farmacia, según argumentaban PSOE y Més en su escrito de conclusiones ante el TSJIB.

En su alegato, Bauzá sostiene que “las modificaciones introducidas” por el Govern en materia de ordenación farmacéutica que invoca la izquierda en sus conclusiones y que “supuestamente prueban que el señor Bauzá intenta beneficiarse o influyen en su imparcialidad e independencia”, responden a “la adaptación de la normativa a las decisiones judiciales que se han ido dictando en la materia”.

Recientemente se conoció una sentencia del TSJIB, del 29 de enero de este año, que obligaba al Govern a desbloquear de inmediato la apertura de 9 farmacias en Mallorca frenadas desde 2009, aunque la conselleria de Salud ya dejó claro que haría caso omiso de este fallo, argumentando que todavía hay contenciosos de la última convocatoria con el Govern del Pacto pendientes de resolver.

Sentencia

Para Pilar Costa y Fina Santiago, diputadas del PSOE y de Més, respectivamente, todas estas cuestiones ponen de relieve que el Govern “adopta decisiones respecto a farmacias que, en cualquier caso, serían una competencia para la de Bauzá”. Ambas se mostraron ayer convencidas de que la Sala de lo Contencioso del TSJIB se pronunciará sobre la incompatibilidad de Bauzá en otoño como muy tarde, después de que el pasado lunes dictara la providencia por la que daba por incorporados a los autos los escritos de conclusiones presentados por Bauzá y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, por lo que este asunto queda ya sólo pendiente del fallo. No obstante, las representantes del PSOE y Més admitieron que, aunque el TSJIB concluya que Bauzá es incompatible, este puede recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.

Para las diputadas de la izquierda, los escritos de Bauzá y la Abogacía del Govern son “bastante pobres” en cuanto a la argumentación. “Se han visto obligados a recurrir a la Constitución para defender la compatibilidad de Bauzá, en lugar de a la ley autonómica de incompatibilidades de altos cargos, que también es constitucional”, declaró ayer Costa.

Con estas palabras se refería a otro de los argumentos esgrimidos por Bauzá en su alegato ante el TSJIB, en el que sostiene que si el farmacéutico sustituto es quien ejerce la actividad e “incluso administra la farmacia”, el propietario de la botica “lo que obtiene son unos rendimientos derivados de su patrimonio”, lo que sería el caso del president y, por lo tanto, no incurriría en incompatibilidad. Añade que si se “asumiese la tesis” de la izquierda, todo ciudadano que pretendiera acceder al cargo del president del Govern debería “deshacerse de todo su patrimonio, ya que siempre puede presuponerse que su actuación va a incidir en la esfera de sus intereses”.

En este sentido el president considera que “debe prevalecer el derecho al acceso a los cargos públicos, en condiciones de igualdad, que predica el artículo 23.2 de la Constitución, principio rector de la materia a la que nos referimos, frente a una interpretación de la norma que pretenda expulsar de la vida pública a todos aquellos profesionales del sector privado (en este caso farmacéuticos titulares) que ostenten un patrimonio”.