El Consell aprobó ayer la importación de 30.000 toneladas de residuos procedentes de Irlanda del Norte para ser incinerados en la planta de Son Reus, una operación que cuenta con el frontal rechazo del PP y del PSOE. La aprobación por parte del Gobierno de la popular María Salom se produjo antes del pleno de la institución insular, en donde Més intentó sin éxito que se aceptara incluir como despacho extraordinario en el orden del día una moción de rechazo a la importación del llamado Combustible Sólido Recuperado.

La consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Soler, recordó que tras la aprobación de ayer ahora corresponde al Govern dar el "permiso transfronterizo", para lo cual debe tramitarlo con el Reino Unido, aunque Soler se mostró convencida de que no habrá problemas en este sentido y que los residuos de Irlanda comenzarán a llegar antes del 15 de junio. Ese día deberá interrumpirse la importación, tanto la de Irlanda como la de Cataluña, hasta octubre, una vez acabada la temporada turística. El jueves, según explicó la responsable insular de Medio Ambiente, ya se había solicitado al Govern este permiso transfronterizo para la importación de Irlanda.

Tirme, concesionaria de Son Reus, tiene permiso para traer 100.000 toneladas anuales de este tipo de residuos y tratarlos en la incineradora. De esta cantidad, 60.000 proceden de Cataluña y ya están llegando "desde diciembre cada semana de manera habitual y sin que haya ningún problema".

Tanto PSOE como Més dejaron clara su oposición a esta operación. La socialista Mercedes Garrido anunció que el PSOE presentará alegaciones y emplazó al Gobierno insular a actuar con "responsabilidad" y "hacer caso a la sociedad, que está diciendo que no quiere la importación de residuos de fuera".

Més se expresó en el mismo sentido y, en la moción que no llegó a debatirse al rechazar el PP su inclusión en el pleno de ayer, afirmó que con la aprobación de la llegada de basura de Irlanda del Norte el Gobierno insular "roza la prevaricación", ya que "la comisión Balears de Medio Ambiente dejó claro que sólo autorizaba la incineración de 60.000 toneladas anuales" de este tipo de residuos importados y "ya se han permitido muchas más". En su moción, la coalición pedía que se suspendiera definitivamente la importación de basura y se anularan las autorizaciones ya aprobadas, además de instar a Salom a destituir a Soler ya que "no defiende el medio ambiente".

Por otro lado, la socialista Mercedes Garrido, además, se mostró convencida de que "será imposible traer" los residuos de Irlanda "por los gastos de transporte" y recordó que "ya no fue posible traer basura desde Roma por no tener el permiso transfronterizo".

El Consell suspendió en enero la operación con Roma al enterarse de que la Policía italiana había puesto en arresto domiciliario, por presunta estafa, al empresario del vertedero que debía enviar los residuos. No era la primera vez que había este tipo de problemas al negociar con Italia. De hecho en 2012 el Consell y Tirme rompieron la negociación con Deco, en Pescara, al saber que su máximo responsable, Rodolfo di Zio, había sido arrestado en 2010 en una investigación sobre sobornos a políticos. Tras lo ocurrido en Roma, el Consell y Tirme optaron por negociar con lugares distintos a Italia.