Iñaki Urdangarin se ha ofrecido por escrito a saldar sus deudas con la Agencia Tributaria, siempre que sea en vía administrativa y tras cerrar la puerta a ser acusado de delitos fiscales. El duque de Palma admite que pudo defraudar al fisco en sus declaraciones del IRPF a partir del 2007 y está dispuesto a afrontar las sanciones que por ello le puedan corresponder.
Mario Pascual, defensor de Iñaki Urdangarin, presentó el 22 de abril un escrito de alegaciones respecto a los dos delitos contra la Agencia Tributaria que se le imputan a su cliente. Este dictamen podría dar un vuelco en el caso Nóos si los inspectores fiscales adscritos al caso lo revalidan y confirman sus tesis.
Básicamente, el yerno del Rey postula que no pudo cometer delitos fiscales en sus declaraciones de la renta (IRPF) de 2007 y 2008 al no superar en ambos ejercicios los 120.000 euros de cuota impagada. Esa exculpación se extendería a la infanta Cristina, acusada de cómplice en esos delitos fiscales.
Según la Agencia Tributaria, el duque de Palma defraudó en 2007 182.005,27 euros y en 2008 155.138,48 euros. Al superar en los dos ejercicios el límite de los 120.000 euros, la fiscalía anticorrupción y la abogacía del Estado imputan a Urdangarin dos delitos fiscales.
Culpa de las empresas
Mario Pascual alega que las multinacionales que contrataron a su cliente como consejero o asesor no le retribuyeron como correspondía. Estas empresas abonaron al duque de Palma sus emolumentos a través de Aizoon S.L., la consultoría propiedad de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, cuando se los tenían que haber pagado directamente y previa retención del 35% en calidad de IRPF.
Pascual añade que, en todo caso, a Urdangarin le corresponde descontarse en su IRPF esas retenciones no efectuadas, lo que le libraría de los delitos fiscales al no superar la barrera de los 120.000 euros.
El abogado cierra su razonamiento con la admisión de que Urdangarin pudo haber cometido defraudaciones en sus declaraciones de 2007 y 2008, que califica de simples "irregularidades administrativas".
Pascual apostilla: "Mi defendido afrontará, por ser de Justicia, las cuantías que en concepto de cuota, intereses y sanciones le gire la Administración Tributaria".
Aizoon funcionó
Mario Pascual, pese a reconocer los posibles impagos en el IRPF, se opone a aceptar la tesis de Hacienda de que Aizoon y el resto de empresas vinculadas a Diego Torres eran pura fachada y únicamente sirvieron para canalizar los fondos públicos desviados por Nóos.
Los inspectores de Hacienda han practicado en el caso Nóos el llamado levantamiento del velo, que consiste en desechar unas sociedades que aparentemente tenían unos ingresos y gastos y atribuir las rentas a sus auténticos perceptores. La Agencia Tributaria sostiene que Iñaki Urdangarin y Diego Torres utilizaron sus sociedades para drenar los beneficios obtenidos por el Instituto Nóos y Nóos Consultoría y pagar menos impuestos.
Aizoon no habría tenido más actividad real que los ingresos procedentes de los alquileres de unos pisos en Palma y Terrasa, según la Agencia Tributaria.
Por el contrario, las defensas del yerno del Rey y de Diego Torres han preconizado, desde el principio del caso Nóos, que todas las empresas habían desarrollado un trabajo efectivo y real.
Imputación de Grao
Por otro lado, el juez Castro tendrá que decidir, en breve, si cita como imputado al primer teniente de alcalde de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau Alonso (PP).
La imputación ha sido solicitada por los ediles socialistas en la oposición del Ayuntamiento de Valencia, que postulan que Grau tuvo un papel decisivo en la contratación por la Fundación Turismo Valencia del Instituto Nóos para organizar, con fondos públicos, tres foros llamados Valencia Summits.
Según varios miembros de la fundación era el presidente Alfonso Grau quien tomaba las decisiones de los proyectos que había que financiar. La Generalitat de Valencia también costeó los Valencia Summit.
