Hasta 30 años de cárcel suman los delitos por los que podría ser condenado en España Alexander Romanov, el presunto mafioso ruso detenido a finales de año en su vivienda de Calvià. La fiscalía Anticorrupción se opone a que obtenga la libertad provisional, aunque se le prohíba abandonar el territorio nacional, dada la gravedad de los hechos que se le imputan y por las posibilidades que tiene de huir, sobre todo por los contactos que mantiene a máximo nivel.
Aunque todavía no es el momento procesal oportuno para presentar el escrito de acusación, la fiscalía le anunció al detenido que podría ser acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil y un delito contra los derechos de los trabajadores. Sumando estas cuatro acusaciones la ley contempla penas que pueden sumar hasta 30 años de cárcel.
El fiscal mantiene que los fondos económicos que movió Romanov en Mallorca, que se invirtieron en proyectos turísticos, "guardan relación con actividades de grupos criminales en Rusia". También asegura que el economista ruso ha utilizado a un grupo de personas y de sociedades en España con las que ha logrado encubrir el origen ilícito de los fondos económicos. También le han permitido disfrutar de la riqueza de este dinero obtenido por métodos delictivos.
Sobre las obras que Romanov dirigía para reformar el hotel Mar i Pins, que adquirió al llegar a Mallorca, la fiscalía asegura que limitaba y suprimía los derechos laborales de los trabajadores. Así, por ejemplo, imponía sanciones y multas económicas a los empleados. También les contrataba a través de empresas simuladas y omitía cualquier plan de prevención de riesgos laborales. Asimismo, ha incumplido los periodos de trabajo y descanso.
Según se concluyó en la investigación centrada en las actividades de Romanov, el detenido habría falsificado numerosos documentos. Unas veces lo hizo para ocultar el origen de los fondos y otras para eludir la correcta tributación de sus sociedades o para ocultar la verdadera situación laboral de sus trabajadores.
La fiscalía considera que Romanov debe estar en prisión al existir un alto riesgo de fuga y para evitar que oculte o destruya documentos relevantes de la investigación.
Anticorrupción no tiene ninguna duda que Romanov ha maniobrado para esconder el origen del patrimonio que logró amasar en España y también dispone de medios económicos que "posibilitan y ayudan a su fuga".
También se señala que la situación familiar y laboral de Romanov incrementan las posibilidades de riesgo de fuga, dado además que dispone de facilidad para desplazarse al extranjero, ya que maneja mucho dinero.
El fiscal denuncia también que Romanov tiene capacidad de influencia sobre otros imputados y testigos que han sido investigados por la Guardia Civil, por lo que se pretende evitar que se modifiquen las declaraciones que ya han prestado en la investigación.
Por último, Anticorrupción defiende que esté en prisión porque así se evita la posibilidad de que pueda ocultar bienes económicos que todavía no han aflorado.
Romanov lleva encerrado en prisión desde hace cinco meses. Entró días después de su espectacular detención, que se produjo después de varios meses de intensa investigación. El Grupo de Información de la Guardia Civil le estuvo siguiendo durante bastante tiempo, después de descubrir que este individuo, integrante de un grupo mafioso de Rusia, estaba intentando blanquear más de doce millones de euros en España.
Invertía el dinero en intereses turísticos. Romanov creó en España una sociedad con su esposa y adquirió un hotel en primera línea de costa, ubicado en Peguera. Escrituró la compra en seis millones de euros, si bien los investigadores creen que el precio que pagó fue mucho más elevado. Estaba realizando una amplia reforma para explotarlo esta próxima temporada. El establecimiento está en estos momentos cerrado.
De hecho, la juez ordenó su inmediato embargo, debido a que se cree que se financió con fondos procedentes de actividades ilegales en Rusia.
Además de Romanov, la juez ordenó el ingreso en prisión de su esposa. Sin embargo, semanas después decretó su libertad bajo fianza de 100.000 euros.
