Un buen día te caduca la tarjeta sanitaria y no tienes más remedio que acudir a tu PAC para renovarla, pero antes has de pasar por el banco y apoquinar diez euros. Te extraña que lo que era gratis, ahora cueste diez euros, pero, en tu cándida inocencia, piensas: por algo será. Lo que nunca podías imaginar es que de los diez euros gastados casi seis son por la mano de obra.
¿Acaso el personal administrativo de la Sanidad Pública no cobra de los impuestos para tramitar todo tipo de papeleos? ¿Se les da alguna propina a estos empleados por supervisar las tarjetas sanitarias?
El Govern ha visto un gran negocio con esos carnés, que sirven para acceder a la sanidad pública y poder comprar los medicamentos con receta en las farmacias.
Se sabe que ya se han recaudado 5,3 millones de euros por el invento, que seguirá haciendo caja a medida que se vayan renovando o emitiendo más tarjetas. Tu mosqueo se incrementa cuando la oposición denuncia que la moderna y versátil tarjeta es un bluf: ofrece las mismas prestaciones que la antigua, pero, además, no lleva el número de la Seguridad Social, lo que complica o impide la emisión de recetas en papel.
El Govern niega la mayor: nuestro invento es fabuloso, lo más de lo más y salvará vidas. El paciente lo que quiere es que el chisme funcione y que no se colapsen los ordenadores del Ibsalut para no aumentar su espera.
Pagaremos los diez euros, pero se nos quedará cara de afectados por el tarjetazo sanitario, un nuevo síndrome.
