La nueva tarjeta sanitaria que esta legislatura el Govern obliga a sufragar al propio paciente tiene un coste material bastante inferior a los 10,54 euros que cobra por su emisión. En concreto, la suma del precio de todo el material de plástico e informático solo asciende a poco más de 4 euros por tarjeta. Sin embargo, el Govern incrementa luego el importe hasta un 60% más (unos 6 euros), que imputa al coste del empleado que tramita la tarjeta, pese a tratarse de personal administrativo del Servicio de Salud (IB-Salut) que no se dedica en exclusiva a esta labor, sino que realiza otras muchas tareas.
La diputada de Més Fina Santiago recuerda el PP vende que se trata de una tasa y no de un impuesto con fin recaudatorio, pero acusa al Ejecutivo de inflar el precio real del dispositivo para en la práctica aplicar un copago sanitario. Santiago solicitó a la conselleria de Salud que informara sobre el coste de elaboración de la tarjeta sanitaria detallado. En su respuesta, el conseller del ramo, Martí Sansaloni, facilita el coste detallado de la tasa durante 2012, desvelando que el precio del soporte magnético fue de 1,24 euros, más otros 2,3 euros por el equipamiento y el software y 0,58 por gastos de distribución. En total, 4,12 euros.
Los 5,9 euros restantes, hasta alcanzar los 10,02 euros que los pacientes debieron pagar ese año por el dispositivo (en este son 10,54 euros, resultado de aplicar el incremento del IPC) Salud los imputa al coste del personal durante 20 minutos, que según la Conselleria es el tiempo que debe dedicar el trabajador para emitir la nueva tarjeta sanitaria.
Santiago: "Es muy exagerado"
Para Fina Santiago, lo que hace el Govern "es sumamente exagerado" y "no tiene justificación". La diputada de Més, que se encarga de los temas sociales y sanitarios, considera que los 10,54 euros por tarjeta sanitaria es un importe "sobredimensionado", y acusa al Ejecutivo del PP de "poner precios altos al coste del personal solo para cuadrar y que les salgan sus números", e insiste en que "esto es una tasa y realmente debe ser más barata". Santiago opina que el cómputo que se aplica de 20 minutos por emisión "no tiene razón de ser" y reclama al Govern que si quiere mantener la obligación de pago de la tarjeta sanitaria "aparque su afán recaudatorio y adecúe el precio a lo que realmente le cuesta la fabricación material; la sanidad debe ser pública, universal y gratuita", reivindica la parlamentaria de izquierdas.
Según los datos aportados por Salud, entre 2012 y 2013 el Govern lleva recaudados 4,9 millones de euros por la emisión de las nuevas tarjetas sanitarias individuales. En 2012 se dispensaron 282.000 y el año pasado una cifra algo menor, 214.667 tarjetas.
Sin número de la Seguridad Social
Al igual que Més, el PSOE también rechaza el pago de una tasa para poder tener acceso a los servicios de Salud. El diputado socialista Vicenç Thomàs recriminó a Sansaloni recientemente en el Parlamento que la nueva tarjeta "es un fraude y no significa ninguna mejora para los ciudadanos". Thomàs recordó que el nuevo dispositivo no incluye el número de afiliación a la Seguridad Social, que sí aparecía en las viejas tarjetas, "lo que obstaculiza la emisión de recetas en los domicilios y en el resto de España". El conseller le replicó que no es necesario y que cada mes se redactan 7.500 recetas en papel.
