"No vamos a permitir que se alquilen pisos sueltos para uso turístico". Suena contundente, pero no lo es tanto: un año después de su promesa, al conseller de Turismo, Jaime Martínez, le bastaría dedicar cinco minutos a navegar por internet para descubrir que habló en balde. Las ofertas ilegales se cuentan por millares, mientras el Govern insiste en que desplegará sus recursos para combatir un fenómeno que llega a todos los rincones de la isla. "La conselleria de Turismo realiza campañas para controlarlo. Hacemos barridos ´on line´ y se atienden todas las denuncias que llegan", explican en el departamento de Martínez, en el que detallan que cuentan con quince inspectores para todos tipo de revisiones turísticas y añaden que perseguir estas infracciones "no es competencia exclusiva de Turismo, también es cosa de Hacienda y los ayuntamientos". Claro que los municipios turísticos pusieron el grito en el cielo cuando el Govern Bauzá puso en marcha una reforma que enerva a gran parte de sus vecinos.