Entre los documentos que se han aportado en esta nueva denuncia formulada por la fiscalía Anticorrupción, se incluye un informe oficial, en el que un técnico de SFM se niega a suscribir un informe que le exigieron los responsables políticos. Este funcionario cuestionó que la empresa pública se aprovechara de un contrato anterior, para realizar una nueva compra de material ferroviario a la misma empresa que había fabricado las primeras unidades del metro. A pesar de no contar con la aprobación de los técnicos, la conselleria de Obras Públicas decidió finalmente utilizar esta opción de compra y solicitar a la empresa Caf que facilitara nuevas unidades de transporte, incluyendo una serie de vagones que no se contemplaban en el contrato que firmó el anterior Ejecutivo. En la denuncia que ha formulado la fiscalía Anticorrupción no se menciona ningún nombre. Sin embargo, todas las sospechas recaen en los anteriores responsables de la conselleria de Obras Públicas del Pacte, encabeza por Biel Vicens, así como por los cargos políticos que dirigían la empresa pública de transporte.

No se descarta que el juzgado pueda solicitar al fiscal que sea más explícito en su escrito de denuncia y señale los nombres de las personas sobre las que quiere que se investigue su actuación en este contrato público.

De momento, el juzgado se ha limitado a aceptar a trámite el escrito de Anticorrupción, sin tomar ningún tipo de decisión. La juez pretende analizar en profundidad los documentos que ha adjuntado la fiscalía antes de iniciar la investigación. Sin embargo, en medios jurídicos se da por hecho que se va a citar a declarar, a medida que avance la investigación, a los antiguos responsables de SFM para que expliquen los motivos por los que se realizó esta compra, sin convocar el correspondiente concurso.