­La conselleria de Educación incumple una sentencia del Tribunal Supremo al no abonar un complemento a los profesores que hacen sustituciones en la red concertada. Así lo denunció ayer el sindicato FSIE, quien matizó que no se trata de una cantidad menor ya que el Complemento Retributiu (CRIB) asciende hasta los 562,98 euros mensuales, "alrededor de un cuarto de sueldo".

Así lo explicaron ayer en rueda de prensa Antoni Sacarés, secretario general de FSIE y Sandra Cerqueiro, liberada de este sindicato, el tercero en representividad en el sector concertado. Sacarés explicó que cuando un profesor se pone de baja por enfermedad en un colegio concertado, el centro contrata un sustituto y adelanta su nómina, que después la conselleria de Educación le reembolsa al presentar el centro la pertinente documentación para justificar esa contratación. Para ese curso la Conselleria redactó unas instrucciones en las que se especificaba que no se abonaría este complemento a los docentes sustitutos, con lo que los centros no lo están pagando ya que no recuperarían el dinero.

Según FSIE , el Tribunal Superior de Justicia de Balears ya en 2010 fijó que sí se debía abonar este complemento al hacer sustituciones pero Educación siguió sin pagar. Lamentan que ahora que el Supremo les ha dado la razón (según una sentencia de septiembre de 2013), la Conselleria siga sin pagar ese complemento. "Se rompe el principio de que a mismo trabajo, mismo sueldo", resumió Sacarés, que deploró que cuando han expuesto este tema en diferentes mesas sectoriales no han recibido ninguna explicación, solución o amago de rectificación por parte de la Conselleria. Asimismo, el secretario general señaló que Educación incumple la normativa al finalizar el contrato con los sutitutos cuando llegan las vacaciones aunque el profesor enfermo no se haya reincorporado a su puesto.

Es difícil calcular cuántos son los profesores que se ven afectados por este incumplimiento. Para hacerse una idea de la magnitud del sector concertado, Cerqueiro recordó que cuenta con alrededor de 3.400 docentes. FSIE ya llevado el caso ante el Defensor del Pueblo y también ha acudido a Inspección de Trabajo. "Los perjudicados se sienten en total indefensión", indicó. Consideran que Educación actúa "de una forma mezquina para ahorrarse unos cuantos miles de euros".

El sindicato recordó que la lista de desagravios es mucho más larga y que se puede hablar de "maltrato" al profesorado de la concertada. Criticaron que aún les deben 12 millones por la actualización de las tablas salariales (deuda cuyo pago Educación está negociando ahora mismo); que a los que han hecho huelga les han descontado también la parte proporcional del fin de semana; que el calendario de equiparación de salarios con la pública está paralizado; que la antigüedad no se está pagando y que se les dejó de pagar el total de la paga extra en 2012.