El relato apuntado por la juez palmesana Ana María Sanjosé de cómo se diseñó y construyó la autovía de Palma a Manacor podría tener como escenario la isla de Sicilia.
Las imágenes de los vigilantes de las obras exigiendo a los hosteleros de la carretera una mordida para asfaltarles su aparcamiento o conseguir que hubiera una salida de la autovía próxima a su local, son de película.
La primera comunión del hijo de uno de los imputados, con quinientos invitados, todo el pueblo y más, es el paradigma de la confusión entre lo público y lo privado.
¿Quien pagó aquel multitudinario banquete? Todos. ¿Qué habría costado la fiesta si en vez de ser una comunión hubiese sido la boda del hijo del funcionario?
El Caso Peaje hay que analizarlo, como todos los sumarios de presunta corrupción, en su contexto temporal y político. Ocurrió entre 2003 y 2007, cuando Unió Mallorquina gobernaba el Consell, con el apoyo del PP, que regía el Govern y el Ayuntamiento de Palma.
UM hacía y deshacía en la institución insular; desviaba fondos a productoras propiedad de Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, o daba pelotazos millonarios con polígonos industriales como Son Oms u otras recalificaciones.
Ambos partidos no se molestaban en sus particulares expolios y se repartían los porcentajes de comisión si el asunto les incumbía a los dos.
La autovía de Palma a Manacor no se sabe lo que ha costado o costará. Nuestros nietos seguirán pagando el peaje en la sombra, en la oscuridad del trato de favor y de la corrupción.
Había muchos millones de euros para repartir y todos los implicados se pusieron a la labor. El dinero desviado sirvió para fiestas e inauguraciones a la siciliana, campos de fútbol privados y hasta templos de meditación oriental.
