15 de marzo de 2014
15.03.2014
Caso Peaje

La juez afirma que el peaje en la sombra favoreció el desvío de fondos

La magistrada destaca que el Consell de Mallorca no controló los presupuestos ni los fondos otorgados a la UTE que desdobló la carretera

15.03.2014 | 06:30
Antoni Pascual, exconseller de Carreteras del Consell de Mallorca.
La magistrada de instrucción 5 de Palma afirma, en el auto donde dispone que un jurado popular enjuicie a la excúpula de Carreteras del Consell de Mallorca con Unió Mallorquina (UM), que el sistema de peaje en la sombra adoptado para desdoblar la vía de enlace entre Palma y Manacor propició un supuesto desvío de fondos de 45 millones de euros. La juez Ana María San José destaca también que el Consell de Mallorca no controló ni los presupuestos, ni los fondos pagados a la UTE Desdoblamiento C-715 lo que propició un caldo de cultivo para las supuestas corruptelas.

El Consell de Mallorca entre 2003 y 2007 estuvo regido por Unió Mallorquina y el Partido Popular, que dejó a su socio nacionalista la mayoría de las parcelas de poder. El 24 de junio del 2004 se firmó por parte del conseller de Carreteras, y principal imputado, Antoni Pascual Ribot un contrato para "la conversión de la carretera C-715 en carretera de doble calzada sobre la vía existente, por un precio de 50,75 millones de euros y con un plazo de ejecución de 30 meses a contar desde el día siguiente a la ejecución del contrato".

Pamasa y la UTE C-715
La adjudicataria fue Vía Palma-Manacor Concesionaria del Consell Insular de Mallorca (Pamasa), representada por el imputado Jaume Mascaró.

Pamasa estaba vinculada a la UTE que hizo las obras, formada por: Electro Hidráulica S.L.; Obras y Pavimentos Man S.A.; MAB; Aglomsa; Sacyr; Melchor Mascaró; e Itinere Infraestructura S.A. Jaume Mascaró era gerente también de la UTE.

Según la juez, la construcción de la autovía corría a cargo de la UTE adjudicataria, que, después, recibía el dinero de la conselleria de Carreteras del Consell de Mallorca, más un porcentaje de beneficio industrial.
El plan diseñado por el Consell (peaje en la sombra) era "una retribución fija a la UTE consistente en un pago anual de entre seis y siete millones de euros durante siete años", más "una retribución variable en función del número de vehículos que utilizaran la carretera. La duración de esa retribución variable era de 33 años".

Cambios en el trazado
La magistrada explica que "durante la ejecución de las obras se plantearon modificaciones y añadidos adicionales al trazado previsto y aprobado, lo que conllevó que la UTE adjudicataria tuviese que aumentar el presupuesto destinado a la realización de la obra". Esos cambios se tradujeron en que el Consell amplió el plazo de duración de la retribución variable, para compensar a la UTE por supuestos perjuicios. Esta prórroga de la concesión no estaba prevista en el concurso público que se convocó.

En este contexto, la juez mantiene que los responsables de Carreteras del Consell (Antoni Pascual y los altos cargos Gonzalo Aguiar, Francisco Orejudo y Gabriel Mestre) se aprovecharon de la falta de supervisión del Consell y de los cambios en los presupuestos para desviar, con ayuda de los responsables de la UTE y de sus proveedores, unos 45 millones de euros públicos.

El auto apunta al exvicepresidente del Consell Antoni Pascual Ribot y a su director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, de ser los responsables de controlar la cuantía del peaje en la sombra. Los acusados habrían "aceptado que se pagase a la concesionaria el máximo acordado sin que estuviera justificado".

Sobornos de afectados
Otro de los métodos supuestamente utilizados por el entramado para desviar dinero público fueron los sobornos que exigieron a afectados por la obra pública: tanto personas a las que se les habían expropiado terrenos, como empresarios con negocios en las proximidades de la carretera.

A los primeros les pidieron comisiones para "agilizar" el cobro de las indemnizaciones. A los segundos los saquearon con dos reclamos: la habilitación de los nuevos aparcamientos para sus negocios o la construcción de salidas directas de la autovía a dichos establecimientos. Así al propietario del restaurante Los Melones le exigieron más de 13.000 euros por el asfaltado del estacionamiento, dinero que supuestamente cobró el celador de obras y del que nunca más se ha sabido.

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