La jueza Ana María San José, instructora del caso, califica de “surrealista” la excusa dada por la pareja Orejudo-Florit de que las obras en su parcela de Búger fueron costeadas, en vez de con fondos de la UTE, con aportaciones de una asociación de filosofía china. Los dos imputados aseguran que en Búger construyeron un templo, que también sería residencia eventual del gurú de la asociación.

La magistrada tilda estas explicaciones de surrealistas. La instructora tampoco se cree que la pareja pensara donar la casa a la asociación, que, según ellos, mandó dinero desde Taiwan para su construcción.

Orejudo está acusado de prevalerse de su posición para conseguir que empresas vinculadas con la ampliación de la carretera de Manacor construyesen en una finca de Búger propiedad de su compañera, también imputada, un centro de meditación y práctica del kung fu. Otros miembros de Pachi Tanglang aseguraron que esta casa, de dos plantas, se levantó con donativos de los simpatizantes y asociados.

Orejudo era el número tres en el organigrama del departamento de Carreteras del Consell y era el funcionario encargado de fiscalizar la obra del desdoblamiento de la vía entre Palma y Manacor. El imputado era uno de los dirigentes en España de la asociación Pachi Tangland, una entidad que promueve el estudio de las artes marciales chinas.