"La adquisición de esta tarjeta contribuye a la protección de la naturaleza y al desarrollo sostenible de las Illes Balears. Recuerde que estará operativa en las cuatro islas con ventajas específicas en cada una. ¡Feliz estancia y vuelva pronto! Así podrá ver los resultados de este gran esfuerzo común". Con estas palabras el Govern Matas agradecía a los compradores los 10 euros gastados en la tarjeta verde, en una carta que se incluía en el sobre de venta.

El expresidente condenado por corrupción ideó este sistema tras ceder a las presiones de los hoteleros para finiquitar cuanto antes la polémica ecotasa, que fue clave en el desalojo del poder de la izquierda. Matas puso en circulación en 2005 la tarjeta verde en medio de grandes fastos. En el recuerdo quedan las imágenes del expolítico del PP con la modelo alemana Claudia Schiffer o junto al actor Michael Douglas, que apadrinaron el que iba a ser uno de los proyectos estrella de la legislatura 2003-07.

Sin embargo, desde el minuto cero se vio que la iniciativa no contaba con el apoyo necesario. Los hoteleros, que habían accedido a canjear el impuesto por estancia turística de un euro la noche por este producto que ofrecía descuentos a sus clientes, no se implicaron en su venta, y los sobres verdes se amontonaban en las trastiendas de las recepciones sin que nadie les diera salida. Y eso que los hoteleros se llevaban dos euros de comisión en cada una, para incentivar las ventas.

Cinco años después de su puesta en marcha, el balance revelaba que el experimento no pasaba de ser un instrumento de autobombo del Govern, por su impacto mínimo o nulo en la promoción turística y medioambiental de las Balears. La auditoría del año 2008 sacaba a la luz que la Comunidad Autónoma solo ingresó con la tarjeta verde ese año 13.524 euros, y -señalaba el informe- "no hay constancia fehaciente" de cuántas se habían realmente comercializado. El Govern Matas nunca dio datos fidedignos sobre las tarjetas distribuidas, ni las cantidades recaudadas.

En julio de 2010, ya con el segundo Govern del Pacto, los hoteleros debían más de 400.000 euros de la tarjeta. Se mantuvo el producto, aunque a base de insuflarle vida artificial, pues el rechazo empresarial y de usuarios fue ingente. Finalmente, el Govern de José Ramón Bauzá dejó morir la tarjeta. Fue a finales de 2012, y de modo muy discreto. Visto el destino último del stock, la tarjeta verde sí ha terminado repercutiendo en Son Real, aunque con fines nada ecológicos.