La finca pública de Son Real, en el municipio de Santa Margalida, ha terminado siendo el basurero de la tarjeta verde, el proyecto estrella de Jaume Matas para sustituir a la ecotasa tras las presiones de los hoteleros.
Miles de sobres con tarjetas verdes -que se vendían a 10 euros cada una- están tirados de cualquier manera en una barraca de bloques de hormigón y uralita semiescondida en un pinar de este espacio natural protegido, lejos de las rutas para los visitantes. Las condiciones en las que se encuentran estos dispositivos son deplorables y son la auténtica imagen del despilfarro que marcó la legislatura de 2003 a 2007.
Aparte de los montones de tarjetas desparramadas, que impiden ver el suelo de la caseta, también hay esparcido otro material de promoción turística y medioambiental del Govern, desde cientos de folletos y postales de parajes vírgenes a docenas de dvd con juegos interactivos y proyectos de interés natural, todo ello con el sello de la desaparecida Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Illes Balears.
Debido a la ausencia de puertas y ventanas en la construcción, todo este merchandising ha quedado inservible ya que las cabras que campan por la finca lo han pisoteado y llenado de excrementos.
Trasiego de animales
Por mor del ajetreo de los rumiantes y otros animales, en busca sobre todo de refugio durante el invierno, buena parte de estos folletos y tarjetas han terminado en los exteriores de la caseta, formando una extensa capa de papeles sobre la tierra y la vegetación colindante, que la lluvia y otras inclemencias han terminado por destrozar totalmente. Sin olvidar el impacto del material no biodegradable, como los dvd, sobre este terreno de alto valor ecológico y protegido que se localiza en plena bahía de Alcúdia.
Por su estado, cabe pensar que hace varios años que este valioso material pagado con fondos públicos fue abandonado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Illes Balears, responsable hasta su desaparición a finales de 2012 de la gestión de esta finca pública. Debido al paso del tiempo y las pésimas condiciones de conservación, solo una pequeña parte de este material en papel y soporte digital podría tener alguna utilidad.
Tras recuperar el PP el poder en las elecciones de 2003, el entonces presidente del Govern Jaume Matas derogó la polémica ecotasa y en su lugar impulsó la tarjeta verde, que vendió por todo lo alto como "un proyecto novedoso que ayuda a preservar nuestras islas". La nueva iniciativa fue impulsada por el entonces conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, y consistía en la emisión de una tarjeta de plástico -al estilo de una de bancaria- con la que el usuario, principalmente turistas- previo pago de 10 euros accedía a descuentos en comercios y museos de las cuatro islas, y también podía usar un servicio de bicicletas para excursiones en espacios como l´Albufera o la citada finca de Son Real.
Descuentos
Asimismo, el dispositivo permitía además realizar quince minutos de llamadas gratuitas. Entre las múltiples ventajas ofrecidas, los compradores de una tarjeta verde podrían acceder a reducciones en los tiques de museos como las cuevas de Artà, la Cartuja de Valldemossa, el museo de Lluc, la ciudad romana de Pollentia (Alcúdia), el bus turístico de Palma o varias discotecas de la playa de Palma y Magaluf.
La tarjeta verde se adquiría en un sobre acompañada de un mapa con el listado de los sitios donde el poseedor podía beneficiarse del descuento, un folleto explicativo de la finalidad de los fondos recaudados y también postales de parajes emblemáticos.
La tarjeta se vendía como una contribución al sostenimiento de los parques naturales y demás áreas de especial protección de Balears, y en ocasiones también incluía objetivos solidarios. En los folletos que han sido arrojados en la barraca de Son Real se recuerda que en 2005 el Govern por cada tarjeta vendida se comprometió a donar un euro por los afectados del tsunami que azotó las costas de Indonesia a finales de 2004.
El abandono de miles de tarjetas verdes y demás material promocional precisamente en Son Real supone un golpe a los valores por los que fue adquirida esta antigua possessió en 2002, con fondos procedentes de la extinta ecotasa. El dinero recaudado con el impuesto hotelero implantado por el Govern del Pacto permitió entre otras inversiones la compra por más de 12 millones de euros de casi 400 hectáreas de Son Real, que pasó a formar parte de la red de fincas de titularidad pública.
Son Real se encuentra afectada por el área natural de especial interés (ANEI) de su mismo nombre, protegida por la ley de Espacios Naturales en 1991. Alberga en su interior la mayor densidad de restos arqueológicos por kilómetro cuadrado de Mallorca -destacando la necropólis talayótica-, entre cultivos de secano, extensos pinares, torrentes y dos kilómetros de playas vírgenes entre Can Picafort y Son Serra de Marina.
Tras la absorción a finales de 2012, ya con el Ejecutivo de José Ramón Bauzá, de la Fundación para el Desarrollo Sostenible por la Agencia de Turismo de las Illes Balears, la gestión de la finca fue transferida a la conselleria de Medio Ambiente, su actual responsable.
