La fiscalía anticorrupción reclama penas de entre 9 y 6 años de cárcel para los cuatro supuestos cabecillas del desvío de casi un millón de euros del anterior Govern, a través de la asociación de empresarios náuticos Bitácora. Las condenas más elevadas son para el exconseller de Turismo por Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils y el exasesor de esa conselleria Miquel Àngel Bonet, a los que se les solicita 7 años de cárcel; mientras que para la excompañera sentimental del segundo María Magdalena Estarellas y la empresaria Silvia Riega se reclaman sendas condenas de seis años de cárcel.

Según los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, Bonet, defendido por Gaspar Oliver, se prevalió de su puesto de asesor jurídico en la conselleria de Turismo para favorecer con fondos públicos a su pareja María Magdalena Estarellas.

En el plan también estaría el conseller Buils, que apoyó la suscripción de convenios entre el Govern y Bitácora, una asociación de empresarios náuticos promovida por Estarellas y Silvia Riera.

El Govern firmó dos convenios con Bitácora para que ésta dispusiese de fondos públicos por casi 1,5 millones de euros, pero según la fiscalía el dinero supuestamente malversado no alcanzó el millón de euros.

Bitácora tenía como aparente objetivo la promoción y fomento del turismo náutico en las islas, servicios que tenía que haber prestado al Govern.

La acusación mantiene que los responsables de Bitácora se dedicaron a apropiarse de los fondos públicos, mediante la subcontratación a otras empresas suyas o de su entorno, que simularon prestar al Govern los servicios pactados.

Las consellerias de Turismo y de Medio Ambiente, encabezada por Miquel Àngel Grimalt (no acusado), constituyeron el 7 de julio del 2008 el consorcio público IB-Blau, un organismo dedicado también a potenciar el turismo náutico sostenible en el archipiélago.

Francisco Javier Buils fue designado presidente del IB-Blau y Miquel Àngel Bonet, director gerente del mismo consorcio.

Anticorrupción imputa a Buils y Bonet el maquinar para que Ib-Blau se quedara sin contenido y sus fondos revertieran en Bitácora. Para ello el exconseller habría firmado un convenio con la asociación privada.

La fiscalía postula que ninguno de los dos convenios firmados por el Govern contaba con la correspondiente partida presupuestaria.

Además, la entidad beneficiada adolecía de una nula solvencia profesional y económica para realizar las promociones pactadas con el Ejecutivo.

Junto a los cuatro mencionados también se sentarán en el banquillo de los acusados Cristina Sastre; Micaela Odette Sastre y Baltasar Estarellas Galera, para los que se reclaman sendas penas de 3,5 años de cárcel.

Buils ya tiene una condena por un caso de corrupción y la fiscalía reclamó una pena de 2,5 años de cárcel para Bonet por desviar fondos del Ibatur, un instituto público del que fue secretario.

Entre las facturas que la fiscalía estima inválidas destacan varias de viajes al extranjero.