La Assemblea de Docents insistió ayer en denunciar la "campaña de criminalización" que creen que está viviendo ahora mismo el colectivo de profesores y lamentaron especialmente que esa campaña ya no esté únicamente en manos del "grupúsculos radicales", sino que la propia conselleria de Educación haya adoptado esa política como propia, incitando a los padres a presentar denuncias. En este sentido, reprocharon a estos grupos que utilicen a menores "como confidentes" y "espías".
ConsellerIa "instrumentalizada"
Así lo indicó Marcel·lí Guerrero, profesor que habló ayer en nombre del movimiento asambleario, refiriéndose a la alumna que grabó al jefe de estudios y al director del instituto de Marratxí (este último actualmente apartado de su puesto y con dos expedientes abiertos). Para Guerrero es ya "una certeza" que la Conselleria está "instrumentalizada" por estas entidades, cuyo nombre no quiso precisar: "Solo diré que defienden la lengua balear, que yo no sé qué es".
La Assemblea dejó ayer en el Parlament un sobre para cada uno de los grupos parlamentarios (y para el diputado no adscrito, Antoni Pastor), con una lista de 23 preguntas sobre los cuatro expedientes abiertos desde el pasado verano a cuatro directores: "Prácticas incompatibles con un sistema democrático". El colectivo explicó que ya han presentado esas cuestiones a la consellera Joana Maria Camps por escrito, pero argumentaron que apuestan ahora a esta estrategia para ver si algún partido les ayuda y presenta esas cuestiones como preguntas parlamentarias.
Injurias al colectivo docente
Para el movimiento asambleario está claro que la Conselleria "ha perdido el control y el seny" y su representante de ayer consideró que "incluso en cuestiones programáticas" parece que Educación actúa en función del programa de prioridades de estos "grupúsculos". Guerrero recordó que incluso la consellera Camps ha injuriado a los docentes en sede parlamentaria. Con todo, indicó, la situación de crispación que se ha generado en el sector es "muy preocupante".
Las preguntas presentadas ayer hacen referencia a "puntos oscuros" de la tramitación de los expedientes: "El desmentido de los inspectores sobre la apertura, lentitud del proceso y cambio de los hechos imputados en el caso de Maó, demora injustificada en la abertura y admisión de pruebas de procedencia ilícita en el caso de Marratxí, e inconsistencia de las acusaciones e indicios de presunta prevaricación en todo los casos".
El objetivo de su acción de ayer, indicaron, es incitar a la reflexión sobre "la reparación de perjuicios económicos y morales", la exoneración de responsabilidades "por la lentitud de la vía judicial" y la "inoportunidad de iniciar acciones disciplinarias en una situación de conflicto".
