Resulta indudable que verse implicada en un caso de corrupción con fondos públicos no beneficia a la Monarquía española, aunque las sospechas se centren en la hija y el yerno del Rey.
La Casa Real ha admitido que Nóos está resultando un martirio, un continuo tormento derivado de abrir telediarios y periódicos y no precisamente por noticias agradables.
De las inauguraciones hemos pasado a las imputaciones. La siguiente etapa son las acusaciones y el final del camino, las condenas.
Sería un error confundir el encausamiento de los duques de Palma con una conspiración republicana o antimonárquica. Nada más lejos de la realidad.
Esta historia se ha gestado por el afán de un juez (José Castro) y un fiscal (Pedro Horrach) de perseguir la corrupción del Partido Popular en Balears y, más en concreto, de su principal líder entre 2003 y 2007, Jaume Matas.
Investigando a Matas saltó la liebre de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey y presunto engatusador de Administraciones Públicas. El duque de Palma usó la argucia de colocar a su esposa, la infanta Cristina, como gancho en el Instituto Nóos, pero también la puso en Aizoon, la sociedad usada para cobrar el botín de sus presuntas fechorías.
El juez no dudó en perseguir a la hija del Rey, pero el fiscal cogió el camino contrario: defender a muerte a la Infanta.
También sería una equivocación pensar que Castro está solo en esta instrucción: muchos españoles le apoyan de corazón por ver en él el paradigma del juez justo. El pueblo anhela que sus gobernantes sean honestos y ejemplares.
La Monarquía tiene que espabilar y evitar que situaciones así se reproduzcan. Ante la actual coyuntura no estaría de más un gesto de arrepentimiento y de disculpa. La tormenta pasará, pero podría causar serios daños colaterales en la institución.
