Mientras el Govern Bauzá amenaza con recurrir a instancias europeas para detener las prospecciones petrolíferas en torno a Balears y el president dice y reitera hasta la saciedad que "nuestro petróleo es el turismo", en otro archipiélago, el canario, el gobierno nacionalista actúa de manera más contundente contra el Ejecutivo central.

Desde Las Palmas de Gran Canaria se informó de que la primera autorización para buscar crudo en aguas insulares se dio en el año 2001. Una licencia que fue recurrida por el gobierno autónomo ante el Tribunal Supremo. El procedimiento judicial se alargó hasta el año 2004, cuando el alto tribunal estimó que la licencia concedida al grupo Repsol para buscar petróleo por esos lares podía ser revocada por un defecto formal. El Ejecutivo central podría haber subsanado esta irregularidad y continuar adelante, pero un José Luis Rodríguez Zapatero que acababa de ocupar la presidencia con todo su "talante" intacto decidió paralizar la licencia por "voluntad política". Madrid se hacía eco así de las protestas y masivas movilizaciones que el pueblo canario estaba realizando por aquellas fechas contra las prospecciones en busca de crudo.

Pero la cosa no acabó aquí. En marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy reactivó de nuevo la licencia para Repsol. Y el Ejecutivo canario, al revés que el balear, volvió a intentar paralizarla recurriendo de nuevo al Supremo. Los recurrentes son el propio Ejecutivo autónomo y los cabildos (institución equivalente a los Consells insulares) de Lanzarote y Fuerteventura, no en vano la petrolera prevé realizar las primeras perforaciones a sesenta kilómetros de sus costas.

El alto tribunal no ha permitido una paralización cautelar de las prospecciones, como reclamaron los recurrentes, y está previsto que Repsol comience las primeras perforaciones en mayo para ver qué encuentra allí abajo. Ya que los sondeos sísmicos en dos y tres dimensiones para detectar los lugares más interesantes ya están hechos desde comienzos de siglo. Por tanto, ahora solo queda perforar para ver la calidad de los hidrocarburos y si la profundidad en la que se encuentren hace rentable su extracción.

Aunque otras fuentes hablan de que Repsol hará extracciones a sólo 10 kilómetros de las playas de Fuerteventura y a 18 de Lanzarote, Industria elevó la distancia a 50-60 kilómetros.

Independientemente de la distancia a la que se realizarán las perforaciones, para el Gobierno canario esta acción es una grave amenaza para las islas por el riesgo a un derrame de petróleo o, peor, a una marea negra que manche la fama mundial de Canarias, adonde acuden cada año más de 12 millones de turistas y donde hay más de 19.000 especies de fauna y flora, de las cuales 5.000 son autóctonas y exclusivas.

Pese a que ambos gobiernos autónomos esgrimen el mismo argumento -los beneficios de encontrar petróleo nunca se podrán equiparar a los del turismo en las dos comunidades más punteras del país en esta actividad-, la actitud de uno y otro han sido diametralmente diferentes.

Así, el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero no ha dudado en denunciar estos hechos en Europa, ha remitido una carta al secretario general de las Naciones Unidas, el coreano Ban Ki-moon, ha interpuesto el mencionado recurso ante el Supremo a la licencia autorizada por Industria y ha liderado la iniciativa savecanarias.org contra estas prospecciones petrolíferas.

En el lado contrario, el Ejecutivo de Bauzá se ha limitado a amenazar con una inconcreta apelación a instancias europeas.

Para más escarnio, en la reciente convención nacional del PP, el ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria, haciendo gala de muy poco respeto a las inquietudes de sus correligionarios de Balears, hizo una encendida defensa de las prospecciones en España con el objeto, dijo, de "recuperar la industria a través de la rebaja de los costes energéticos y el fin de la dependencia exterior. La recuperación no puede sostenerse solo en el sector turístico", abundó.

A su vuelta de Madrid, Bauzá se limitó a contestar que "no tengo por qué estar de acuerdo con el ministro Soria" y reiteró que defenderá "ante quien sea" que no se realicen estas prospecciones en aguas de Balears. Añadió que tanto Montoro (por su discrepancia sobre la publicación de las balanzas fiscales) como Soria entienden la postura "clara y contundente" del Govern, por lo que "confió" en que al final se imponga el criterio balear.

En esta ocasión como en otras precedentes, independientemente del color del gobierno de las islas, muchas veces los intereses de los baleares se pliegan ante los nacionales. Y cotejando las reacciones de ambos Ejecutivos, puede calificarse la postura del Govern Bauzá como una oposición sólo de palabra.