El decreto que regula la aplicación de la ley de Símbolos, que ha avivado la polémica por esta normativa, está en fase de alegaciones y "en función de las mismas se intentará consensuar un texto" que "aclare" todas las dudas. Así lo manifestó ayer la portavoz del Govern, Maria Núria Riera, asegurando que solo se pretende "que no se haga ideología en edificios destinados a servicios públicos por parte de la Comunidad Autónoma".

Riera afirmó también que con el nuevo decreto se garantizará el "respeto a la autonomía local", ya que cada Ayuntamiento podrá seguir declarando -si quiere- la ´senyera´ como símbolo oficial y colgarlo en sus edificios. El único óbice, apuntó la portavoz, es que si pretende hacerlo en inmuebles propiedad de la Comunidad, deberá solicitar autorización previa al consejo de gobierno. Por otro lado, preguntada sobre posible presiones del Ejecutivo al Consell Consultiu de cara al dictamen que debe emitir sobre el borrador del decreto, Riera lo negó: "¡Solo faltaría, vamos, claro que no!".