Los abogados defensores de la Infanta están convencidos de que en estos momentos, salvo que cometa un grave error en su declaración, es prácticamente imposible que en un futuro ella se siente en el banquillo de los acusados para responder por un delito fiscal y otro de blanqueo de dinero.
Fuentes próximas al caso han asegurado que los asesores legales van a preparar a conciencia la declaración que se realizará el próximo día 8 de febrero en el juzgado de Palma. A diferencia de otros imputados, los letrados cuentan con la ventaja de que se conocen prácticamente todos los temas sobre los que se centrará el interrogatorio a la duquesa de Palma y están preparando una respuesta para cada pregunta que formule el juez. Están convencidos de que la Infanta será lo suficientemente clara y precisa en sus respuestas, que logrará despejar todas las dudas que en estos momentos tiene el magistrado.
No perjudicará a Urdangarin
No está previsto, en principio, que la duquesa de Palma utilice el derecho que la asiste a guardar silencio, pero no está dispuesta a contestar a ninguna pregunta que pueda perjudicar a su marido, que aparece como el principal acusado de la trama Nóos. Cristina de Borbón asumirá que fue ella quien realizó las compras personales con la tarjeta de crédito que se cargaba en la cuenta de Aizoon. Ni siquiera se ha planteado que pueda negar estas compras, porque existen informes policiales que acreditan que fue ella quien abonó estas operaciones con la tarjeta de crédito.
Pero que reconozca que hizo las compras no va a suponer que acepte que conocía el origen ilícito del dinero, sino más bien todo lo contrario. La Infanta defenderá que este dinero correspondía a los ingresos por el sueldo que cobraba su marido por su intervención en el consejo de administración de una serie de empresas privadas y que desconocía que se estaba cometiendo un delito fiscal en el método de tributación empleado para declarar estos ingresos. También dirá que nunca dudó de la legalidad del dinero que su marido ganó con los negocios que mantuvo con la Administración, ya que daba por sentado que todas estas operaciones habían sido fiscalizadas por los funcionarios.
Los asesores legales están convencidos de que todas estas respuestas lograrán convencer al juez de su inocencia, pero si no fuera así, no creen que exista una sola razón jurídica que justifique que vaya a ser juzgada en un futuro por estos delitos que le imputa Castro.
Se da por seguro que el peso de todo el interrogatorio lo llevará inicialmente el juez. El magistrado tiene la ventaja de que se conoce de memoria desde el primer al último folio de la causa, lo que obliga a la defensa a realizar un esfuerzo mayor para preparar la estrategia que seguirá la Infanta en esta declaración.
No eludirá preguntas del juez
Cristina de Borbón no eludirá ni a una sola pregunta que le formule el magistrado, pero todavía no se sabe si hará lo mismo cuando la interrogue la letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, quien siempre ha defendido su imputación en este caso. Aunque la duquesa conteste a las preguntas del juez, no está obligada a hacer lo mismo ante las que le haga la acusación popular.
En este caso la defensa cuenta con el apoyo de la fiscalía Anticorrupción, que siempre ha negado que la Infanta hubiera cometido ningún delito. El fiscal Horrach se ha guiado por el criterio técnico que han mantenido los inspectores de la Agencia Tributaria, que han exculpado en todo momento a la hija del Rey de irregularidades fiscales. Hacienda defiende que aunque ella tenía la mitad de la empresa Aizoon, que califica de sociedad pantalla, no la responsabiliza porque no se encargaba de su administración. Además, los inspectores creen que no se le puede atribuir ningún delito fiscal pese a que ella hubiera realizado gastos personales con la tarjeta de crédito de esta empresa.
No se descarta que inmediatamente después de la declaración, tanto la defensa, como incluso la fiscalía Anticorrupción y la abogacía del Estado, puedan solicitar al juez que levante la imputación de la mujer de Urdangarin.
Ninguna de las acusaciones considera en estos momentos que tengan pruebas suficientes para mantener en un juicio una acusación consistente contra la Infanta. De hecho, según señalan las fuentes consultadas, las discrepancias que muestran en estos momentos el juez Castro con los inspectores tributarios sobre la existencia o no de un delito fiscal, favorecen a la duquesa de Palma.
