Jaume Matas no ingresará, al menos de momento, en prisión. Y no lo hará hasta que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto que ha presentado el expresidente del Govern, que intenta por todos los medios evitar su ingreso para cumplir los nueve meses de prisión a los que fue condenado en firme por un delito de tráfico de influencias.

La decisión la acordó ayer la Sección Primera de la Audiencia, las mismas tres juezas que hace unos meses decidieron que Matas debía cumplir en la cárcel la pena impuesta, tanto por la gravedad del delito, como por quien lo había cometido. La Sala también fija una serie de medidas de seguridad para controlar al exlíder del PP balear. Debe comunicar un domicilio fijo y cada mes debe presentarse ante un juzgado de guardia.

En su día las magistradas rechazaron la posibilidad de otorgarle la libertad condicional, pese a que la condena era inferior a los dos años de prisión. Sin embargo, ahora acuerdan la suspensión de este ingreso. Es costumbre en las dos salas penales de la Audiencia paralizar la entrada en prisión de un reo, mientras se tramita el indulto, cuando la pena a cumplir no es superior a los tres años de cárcel.

El expresidente del Govern está a la espera de que el Ministerio de Justicia resuelva el indulto que planteó su defensa. La letrada no convenció a los jueces de Palma de que no tenía ningún sentido enviar a la cárcel a Matas porque la pena era menor. Ante la negativa judicial, formalizó esta propuesta de indulto. Ahora se suspende el ingreso porque el tribunal entiende que no tendría sentido que Matas se beneficiara del indulto cuando la pena ya estuviera cumplida. Aunque todavía no ha concluido la tramitación administrativa del indulto, el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró en contra de concederle la medida de gracia.

En el ámbito político, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, reiteró ayer que el Gobierno de Rajoy no debe conceder el indulto a Matas, y le exigió que "acelere" y se pronuncie "pronto" sobre esta decisión. Por su parte, la líder de UPyD, Rosa Díez, tachó de "escandalosa" la decisión de la Audiencia y lamentó que el cumplimiento de una condena dependa así del Ejecutivo.

Delito electoral del PP balear

En otro orden, el juez del caso Palma Arena, José Castro, suspendió ayer el plazo para que la fiscalía y la abogacía de la comunidad autónoma presenten sus escritos de acusación por un presunto delito electoral, cometido en 2007 por el exgerente del PP, Fernando Areal (cuñado de Matas) y por el publicista Miguel Romero. Ambos han recurrido ante la Audiencia el auto que concluye la instrucción de este caso.