Cristina de Borbón solo cobraba de una trama corrupta, como "copartícipe" de la sociedad Aizoon. La pertinencia en la frase anterior de la partícula defensiva "solo" determinará el futuro judicial de la número siete en la sucesión a la Corona. En contra del aldabonazo contra la Familia Real que se desprende de una lectura apresurada del auto de imputación, Castro le hace el trabajo sucio al Rey. Qué extraño, reunir el coraje de matar a elefantes indefensos y carecer de la presencia de ánimo suficiente para resolver una querella doméstica con repercusiones estatales.
En la fatigosa imputación de la Infanta, o "la controversia que ahora nos entretiene" por ponerlo en la prosa del auto, la labor de limpieza de la Familia Real emprendida por Castro beneficia al actual monarca y sobre todo al próximo. Siempre en el supuesto de que el magistrado haya llegado a tiempo para enderezar un rumbo desnortado.
Al empeñarse en que la justicia es igual para todos y aplicar este lema a la Infanta, Castro acelera la introducción en La Zarzuela de los códigos de transparencia esenciales para la continuidad monárquica. Al magistrado no le asalta el miedo escénico que paraliza al Rey frente a las evidencias del comportamiento impropio de su hija, en el supuesto de que el discurso de la Pascua Militar no denote una incapacidad de mayor calado.
El Rey y Castro se enfrentan a la expectativa de "una tan forzada como tediosa jubilación", por volver de nuevo al auto. Sin embargo, el juez acepta con mejor humor la retirada, una virtud que destila en su prosa y que le facilita el saneamiento de las sentinas palaciegas. Si La Zarzuela fuera un gobierno en lugar de una empresa, el monarca sería el responsable político del dudoso comportamiento deliberado y dilatado en el tiempo de su hija.
La Corona dispone desde hace años de dos mecanismos para impedir que los términos "Borbón" y "blanqueo de capitales" aparezcan en líneas consecutivas de un auto de imputación. Primero, eliminando a la Infanta de la línea sucesoria. Segundo, comprometiéndose a la reintegración de los cinco millones estafados a Balears y Valencia. Se ha abstenido de activar ninguna de estas palancas.
La devolución por "responsabilidad civil" del dinero cobrado por actividades que no se podían prestar, según Hacienda, constituye el único vínculo que sobrevive a la cruel ruptura entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Como mínimo, el auto de imputación reforzará la necesidad de que la agraciada Infanta restituya el daño causado por la pésima utilización de su apellido, con o sin su consentimiento.
El resto de la población debe resignarse a seguir sufriendo el "martirio" infligido por las andanzas de los Duques de Palma, aplicando el término sacrificial que ha popularizado un tal Spottorno en declaración a la RTVE del régimen. Los Borbón Urdangarin no sólo están acusados del saqueo de las arcas públicas, sino de haber ocultado al fisco las ganancias que nunca debieron obtener.
Volviendo al impoluto o Spotless Spottorno, sorprende que La Zarzuela movilice al equivalente al mayordomo del Rey para las declaraciones de Estado, por mucho que su cargo de mayordomía se revista de jefatura de la Casa del Rey. Claro que, dada la errática política de comunicación de La Zarzuela, cabe felicitarse de que la inclusión de los habitantes del palacio en el martirologio no fuera defendida ante las cámaras por el imputado García Revenga, que persiste incomprensiblemente en su cargo público.
Curioso "martirio" de Spottorno, que no ha pagado un euro a los Duques. No estaría de más comparar el patrimonio, sueldo, jubilación y honores de un jefe de la Casa del Rey „Almansa catapultado al consejo de Telefónica„ con los de un magistrado. Se alcanzará la estrambótica conclusión de que el presunto mártir vive mejor que su juzgador. Salvo que emigrar de un palacete en Pedralbes a un palacete en Ginebra, como ha hecho la Infanta, equivalga al martirio de Miguel Servet en la ciudad suiza.
Según inveterada costumbre cuando se investiga a poderosos, las zancadillas colocadas en sintonía por La Zarzuela y La Moncloa han sido decisivas para el alargamiento de la instrucción que ahora lamentan hipócritamente. En un desliz, el mayordomo Spottorno postponía la toma de decisiones a las decisiones judiciales. La Corona marcha de nuevo a remolque de los acontecimientos, inconsciente del precio que puede pagar por su pereza cósmica.
La vergüenza de la imputación de la Infanta no radica en que sea demandada por un pseudosindicato como Manos Limpias, sino en que sea servilmente orillada por la acusación del PSOE personada en la causa. Tradicionalmente, la monarquía está expuesta a los golpes, pero resulta insólito que se autolesione con tanta saña. La Familia Real acumula demasiadas torpezas en la gestión de la codicia de Cristina de Borbón para abandonar victoriosa este conflicto. Cabría exigirle que lo clausure al menos con cierto estilo.
