La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos FAPA Mallorca anunció ayer que remitirá una comunicación al relator de la ONU que vela por la protección del derecho a la libertad de expresión para que investigue si la ley de símbolos de Baleares vulnera este principio.

La entidad ha preparado el escrito con la ayuda de la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Margalida Capellá, y esperará a que la Ley sobre el Uso de Símbolos Institucionales de las Islas Baleares, aprobada el pasado jueves en el Parlament, sea publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y entre en vigor para enviarla.

Dicha comunicación se dirigirá al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

FAPA Mallorca ha abierto esta iniciativa a todas las entidades y particulares que quieran sumarse a ella, según ha explicado en declaraciones a Efe su presidente, Vicenç Rodrigo.

Según Rodrigo, la iniciativa cuenta ya con el respaldo de 19 entidades entre las que figuran las dos asociaciones de directores de secundaria y de primaria de Baleares, los sindicatos STEI-i, CCOO y FETE-UGT, la Asamblea de Docentes de Baleares, las plataformas Crida y Attack Mallorca, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y la Federación de Estudiantes FADAE.

También respaldan la propuesta la Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, FAPA Menorca, la federación de consumidores FACUA, el Consell de la Joventut de Palma y el Ateneu Pere Mascaró.

El presidente de FAPA Mallorca ha justificado la decisión de remitir esta comunicación al relator de la ONU para la libertad de expresión porque la entidad considera que la ley de símbolos "es un grave atentado" contra este derecho que protegen el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el número 20 de la Constitución Española.

La intención es "hacer visible la dudosa legalidad de la ley de símbolos", ha añadido.

Rodrigo ha subrayado que esta iniciativa "no es una denuncia" ya que no hace referencia a ningún caso concreto en el que alguna persona o entidad se haya visto afectada por la ley de símbolos, sino que reclama una investigación global de lo que puede suponer la aplicación de esta normativa.

FAPA Mallorca advierte de que la ley de símbolos no afecta únicamente al ámbito educativo, aunque haya sido "pensada ad-hoc para evitar los lazos por la educación o por la lengua".

"Sabemos que el Govern no escucha a nadie y por eso el alcance de esta acción puede ser limitado y sin efectos inmediatos, pero el objetivo es demostrar el carácter de las actuaciones el Estado en materia de derechos humanos y dejar constancia ante los ojos del mundo entero de lo que está pasando en Baleares", señala una nota de FAPA Mallorca.