El fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 2 de Palma, en el que solicita que continúe el proceso, y por tanto se lleve a juicio, a Maria Antònia Munar. La causa que se le imputa es la irregular concesión del contrato de la radio pública del Consell, Ona Mallorca, que fue otorgada a la empresa Studio Media. Esta empresa, propiedad de Alfredo Conde y de su esposa, Elisabeth Diéguez, facturó al Consell tres millones de euros en un periodo de seis años, a pesar de que la sociedad carecía de las condiciones necesarias para obtener ayudas públicas. La fiscalía sostiene que en el proceso de concesión de la radio pública del Consell se cometieron hasta cinco delitos distintos, que serían prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad de documento mercantil.

Anticorrupción no solo implica a Maria Antònia Munar en este proceso, que fue el inicio del llamado caso Maquillaje. El fiscal quiere que también se juzgue, además de Diéguez y Conde, a Bartomeu Vicens, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Antoni Moragues y el exconseller Miquel Angel Grimalt. El escrito no especifica los delitos que individualmente pudieron cometer cada uno de estos cargos políticos ni las penas que les corresponderían.

En este escrito presentado ante el juez Barceló, Anticorrupción afirma que Conde y su esposa se aprovecharon de la relación de amistad que mantenían con Vicens. La pareja, gracias a las relaciones políticas que tenía, averiguó que el Consell pretendía crear una radio pública y que la concesión se realizaría a través de un concurso. Por ello crearon la empresa Studio Media Comunicació y lo hicieron con el único propósito de obtener este contrato público.

El fiscal asegura que la contratación fue irregular, porque la sociedad no cumplía con los requisitos mínimos necesarios para obtener el concurso. No disponía de la clasificación empresarial necesaria, ni estaba al corriente de las obligaciones tributarias, ni disponía de frecuencia legal para emitir en Mallorca, ni tenía tampoco un local apropiado para montar la radio. Aún así, Studio Media fue elegida por el Consell para que creara esta radio pública. Los contratos se fueron ampliando durante los años siguientes, a pesar de que había informes internos que cuestionaban la legalidad de estos acuerdos. La productora, que durante un tiempo tuvo a Vicens contratado como asesor legal, llegó a facturar tres millones de euros de fondos públicos. Además, estuvo cobrando durante el medio año en el que la radio todavía no se había inaugurado.

El fiscal detalla todas las irregularidades que se han detectado en el expediente de contratación y entiende que si Studio Media logró esta concesión de la radio pública fue por las buenas relaciones de amistad que Alfredo Conde mantenía con los políticos de Unió Mallorquina.

Anticorrupción sostiene que Maria Antònia Munar, como presidenta del Consell, era la responsable máxima de que no se cometieran estas irregularidades en la contratación. Sin embargo, se le acusa de "tolerar, consentir y permitir" la adjudicación a esta empresa porque "favorecía a personas próximas a su partido y esfera de actuación política".

Carrau acusa a Grimalt y Moragues, antiguos directores generales del Consell, de participar en la tramitación irregular de esta contratación. El fiscal señala un documento que podría implicar al exconseller de Medio Ambiente. El documento apunta los pasos que deben seguirse para cobrar la adjudicación. En uno de sus apartados se señala textualmente: "Crear la factura y presentársela a Miquel Àngel Grimalt para que la conforme y él ya sabrá qué hacer con ello. Más le vale". Grimalt participó en la mesa de contratación y realizó un informe justificativo. En su declaración, el exconseller del Pacte aseguró que cumplió las órdenes que le indicó Miquel Nadal.