La fiscalía cuestiona que precisamente fuera Studio Media la empresa más adecuada para obtener este concurso público, que suponía poner en marcha la radio del Consell de Mallorca, que se financiaba en su totalidad con fondos públicos. La empresa, creada expresamente para optar a este concurso, carecía de aparatos técnicos ni tampoco disponía de la frecuencia necesaria para emitir en toda Mallorca. Contaba solo con una frecuencia menor que únicamente se escuchaba en Capdepera. Anticorrupción asegura que los cargos políticos del Consell de Mallorca fueron adecuando la contratación pública a las necesidades de Alfredo Conde. En el pliego de condiciones eliminaron la obligación de estar al corriente del pago de tributos. La empresa debía dinero a Hacienda y a la Seguridad Social. Tampoco tuvo la necesidad, obligatoria por ley, de demostrar su solvencia económica.

La fiscalía asegura que Studio Media emitió facturas falsas para esconder el verdadero destino de los fondos públicos que recibió.