Si eliminamos todo el follaje superfluo, la cuestión de la imputación o exculpación de la infanta doña Cristina se reduce a si existen indicios contra ella de que cometió blanqueo de capitales o delito fiscal en Aizoon, la empresa cuya propiedad comparte al cincuenta por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin.
Pedro Horrach es un hombre y un fiscal íntegro, pero quizás esté equivocado en esa defensa numantina de la hija del Rey, a la que no quiere, ni en pintura, ver bajando la rampa de los juzgados de Vía Alemania para declarar ante él y el juez Castro.
Horrach tiene razón en que, en vista del protocolo seguido por Hacienda contra el entramado Nóos, es casi imposible atribuir a doña Cristina un delito fiscal.
Más yerra el fiscal anticorrupción al oponerse al encausamiento por blanqueo de capitales.
Horrach aduce, con precisión de jurista, que para lavar dinero hay que saber antes de su origen ilícito o negro. Es imposible que la hija del Rey conociera antes del inicio del caso Nóos (2010) que su marido pudo haber delinquido con los millonarios ingresos que llegaron a Aizoon de empresas privadas e instituciones públicas, añade el fiscal.
El problema es que si no se lo preguntamos en persona a la propia duquesa de Palma nunca aclararemos si sabía o no que su esposo bordeó la legalidad en los años buenos de Nóos. Porque también es indudable que Cristina de Borbón se gastó en fines particulares dinero de Aizoon.
