Las agresiones físicas a personal sanitario son casos puntuales, pero no así los insultos, coacciones y amenazas que cada día proliferan más en las consultas médicas provocadas, interpretan los expertos consultados, por la ofuscación que produce en el paciente el mayor tiempo de espera en la sanidad pública.

"No tengo datos contrastados para afirmar o descartar que hayan aumentado las agresiones físicas al personal sanitario ya que esta contabilidad la lleva el IB-Salut, pero sí tenemos constancia de que han aumentado los malos modos y las agresiones verbales, sobre todo en los servicios de urgencias, donde suele haber más nervios y se dan situaciones de mayor tensión", corrobora Jorge Tera, secretario general del sindicato de enfermería (SATSE).

"Sí, ahora hay más agresiones verbales, las físicas son más anecdóticas. Pero las primeras se están generalizando, quizá porque la gente está más molesta con las listas de espera. Ahora tienen que esperar más tiempo que antes para ser atendidos y esto les irrita", interpreta la actual situación Isidro Torres, presidente del Sindicato Médico (Simebal).

En referencia a la agresión de un médico y un vigilante de seguridad que la madrugada del pasado viernes fueron atacados por una persona muy violenta en el centro de salud de Llucmajor, el presidente sindical se consuela asegurando que "la suerte es que no te toque un individuo como éste, pero estas actitudes no se pueden prevenir. Bueno sí, echando a correr o defendiéndote si antes has recibido clases de artes marciales", bromea el facultativo.

El líder del Simebal lamentó también la actuación del guardia jurado del centro de Llucmajor, que al parecer prefirió salir del lugar de la agresión para no alterar más al atacante, dejándole solo en la consulta con el médico Fernando Unzeta, que finalmente también recibió un puñetazo. "Al parecer los vigilantes de seguridad no pueden ponerle las esposas a un agresor. ¿Cómo van a evitar así un ataque violento? Deberían darles más autoridad para evitar estos hechos tan lamentables", reclama Torres.

Desde el SATSE, Tera propone una mayor coordinación de los centros sanitarios con las Fuerzas de Seguridad del Estado, para que éstas acudan con mayor celeridad ante cualquier agresión. "También habría que adoptar otras medidas de prevención como la de formar a los profesionales para que sepan cómo actuar ante un paciente que muestre una actitud violenta o colgar más carteles disuasorios dirigidos a los usuarios en los centros públicos. Y en el plano estricto de la seguridad se deberían incrementar las cámaras de seguridad, los timbres antipánico en las consultas y aumentar el número de los guardias de seguridad en los centros más conflictivos", sugiere el líder los enfermeros de las islas.

Desde el Colegio de Médicos (COMIB), su presidente Antoni Bennàssar señala que la institución que dirige siempre se persona en los casos de agresiones a los facultativos y va más allá al instar a los jueces que juzgan estos casos que apliquen el agravante de atentado contra la autoridad, esto es, considerar al médico o al profesional sanitario agredido como un agente de la autoridad para agravar las penas a las que previsiblemente será condenado por su acción. "Hay que tener tolerancia cero con estos ataques, por eso hay que castigarlos lo más duramente posible", sostiene.

"Lo que sí han aumentado son las agresiones verbales, las amenazas y las coacciones. Y no hablo de un pequeño insulto producto de la ansiedad, sino de exigencias o amenazas en caso de que el profesional no transija con sus peticiones, que pueden ser desde una valoración para cobrar un seguro tras un accidente de tráfico o la reclamación para que le recetes determinado medicamento", continúa Bennàssar, que propone por ello llevar también un registro de esas agresiones verbales que evitarían que un paciente reincidente en ellas pasara al estadio superior de la agresión física.

"Un paciente que ha coaccionado a sus médicos en tres o cuatro ocasiones tendría que ser denunciado ante los tribunales por amenazas para prevenir males mayores", sostiene el presidente.

Por estas agresiones a los profesionales de la medicina, el Colegio de Médicos creó a inicios de 2011 el observatorio de agresiones en donde el médico afectado puede registrar un ataque sufrido. Ese año se hicieron 4 denuncias que aumentaron a 6 en 2012 mientras que en lo que llevamos de ejercicio se han producido 5. La secretaria general del COMIB, Manuela García Romero, lo atribuye no a una menor conflictividad en las islas sino a que "en Balears cuesta mucho que el médico denuncie".