El president del Govern del Partido Popular (PP), José Ramón Bauzá, ha recurrido ante la Audiencia de Palma la admisión a trámite de la querella, por presunta malversación de caudales y otros delitos, interpuesta contra él por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). Bauzá también se opone a que UGT tenga que abonar tan solo mil euros para ejercer la acusación popular, frente a los cuatro mil que le había exigido inicialmente el juez.
Bauzá, defendido por Pablo Jiménez de Parga, se une así a la postura del fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, que fue el primero en solicitar a la Audiencia que no se admitiera la querella.
El juez de instrucción 7 de Palma admitió, el pasado 24 de octubre, la querella de UGT, representada por Pablo Alonso del Caso. El sindicato acusa a Bauzá de desviar fondos públicos al usar los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para interponer una demanda de protección al honor contra Lorenzo Bravo, el exsecretario general de UGT.
Bravo insultó a Bauzá y le llamó inútil y fascista, entre otras descalificaciones, pero un juzgado de primera instancia y la Audiencia de Palma desestimaron la demanda del president. La sentencia está recurrida en casación ante la sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
No es delito
Bauzá, que figura acusado junto a su vicepresident en el Govern, Antonio Gómez, mantiene que los hechos recogidos en la querella no son delictivos.
Según esta tesis, Bauzá fue descalificado por ser president del Govern y, por tanto, correspondía su defensa a la Abogacía de la Comunidad Autónoma su defensa.
Por el contrario, UGT postula que el honor del president es una cuestión personal y no procedía utilizar a los abogados del Govern para defenderlo ante los tribunales.
