12 de noviembre de 2013
12.11.2013
Corrupción en el Govern

La excúpula de Turisme Jove admite el cobro sistemático de comisiones

Los doce acusados se declaran culpables tras alcanzar un pacto con Anticorrupción, pero solo tres de ellos ingresarán en prisión por malversar dinero público - El exdirector general de Juventud del Govern Matas irá a la cárcel tras acordar con la acusación una pena de tres años

12.11.2013 | 06:50
Los doce acusados confesaron su culpabilidad ante el tribunal.
Confesión y pacto. Los doce acusados de la trama urdida desde el consorcio Turisme Jove se confesaron ayer culpables, lo que evitó la continuación del juicio. El tribunal se limitará a dictar sentencia en base al escrito de acusación definitivo que entregó ayer la fiscalía Anticorrupción, que fue aceptado por los doce acusados. Salvo tres de ellos, el resto se salva de ingresar en prisión.

Los que tendrán que ir a la cárcel por situarse al frente de esta trama, que llevó a la quiebra técnica a este consorcio, son Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud en el Govern Matas; Damià Amengual Aloy, exgerente de Turisme Jove; y Juan Francisco Gosálbez Rodríguez, nombrado jefe de servicios y mantenimiento de esta empresa pública. Gálvez se confesó ayer culpable de los delitos de malversación y fraude a la administración. Cumplirá tres años de cárcel, el mismo tiempo que Damià Amengual, el exgerente del consorcio, que estará privado de libertad al confesarse culpable de malversación, cohecho, prevaricación y fraude. Por su parte, Juan Francisco Gosálbez, a quien la fiscalía considera el principal ejecutor de esta trama, ingresará de nuevo en prisión y cumplirá tres años y siete meses. Anticorrupción ha tenido en cuenta su actitud colaboradora desde el primer momento que se descubrieron los hechos.

También se confesó culpable la compañera de Gosálvez, María Auxiliadora Pérez de Algaba, que será condenada por malversación. La pena de prisión se le sustituirá por una multa.

Quien también aceptó el delito cometido fue Jesús García Oeo, exconcejal popular en Calvià, que ha devuelto el dinero que ilegalmente cobró. Será condenado por malversación, pero no irá a la cárcel. Pagará una multa.

También aceptaron los hechos el resto de acusados: Antonio Dolç, Bartolomé Gayá, Manuel Carmelo Sáez, André José Villa, Marcos Pérez, Antonio Tugores y Pau Pujante. La fiscalía exculpó al publicista Miguel Rigo. La abogacía de la comunidad autónoma y el Partido Popular, ambos presentes en el juicio como acusación particular, se sumaron al pacto que alcanzaron los acusados con la fiscalía Anticorrupción.
Los tres máximos responsables políticos del Consorcio, que entró en quiebra técnica tras su gestión, ingresarán en prisión cuando el tribunal dicte sentencia, que será en los próximos días.

Con este pronunciamiento del tribunal se desmonta la trama que se organizó alrededor de este consorcio público, que teóricamente se había creado para la explotación y mantenimiento de las instalaciones que el Govern disponía para el uso de los jóvenes.

Tras su paso por las juventudes del PP, Gosálvez fue nombrado a dedo para encargarse de las obras y mantenimiento de las instalaciones. Y aprovechó este cargo, con el beneplácito de Amengual y del entonces director general, Juan Gálvez, para enriquecerse a cargo de los fondos públicos.

Esta persona de confianza del Govern, según su confesión, tenía por costumbre exigir comisiones, entre un 20 y un 30 por ciento, de todos los trabajos que contrataba a cargo del consorcio. Y fueron varios los empresarios que aceptaron pagar este dinero. Para que les resultara rentable trabajar para la Aministración, inflaban las facturas por los trabajos que hacían.

Gosálvez cobraba comisiones, que repartió con el exgerente, por la realización de obras en edificios públicos, por la adquisición de material de publicidad y por los viajes que organizaba el consorcio. También se quedó con una partida económica de casi 19.000 euros, que la Red Española de Albergues Juveniles destinó a programas que debía organizar Turisme Jove. El jefe de obras fue nombrado integrante de la comisión de seguimiento de este proyecto y para quedarse con el dinero libró facturas falsas a través de una empresa que compartía con su pareja.

Uno de los hechos más graves que cometió Gosálvez fue autoalquilar un local que era de su propiedad. Hasta el año 2005 el Consorcio ocupaba un local en la calle Jeroni Antich de Palma, con un alquiler de 800 euros al mes. A partir de ese momento los acusados alquilaron dos locales, uno de ellos en la calle Barón de Pinopar, por el que se pactó una renta mensual de 16.000 euros. El otro local, que nunca llegó a ocuparse, estaba en la Bonanova y lo había adquirido Gosálvez, a través de una empresa que compartía con su pareja. Pagó más de 680.000 euros. Turisme Jove abonaba un alquiler mensual de 4.500 euros, tras firmar un contrato de doce años de duración. La hipoteca que pesaba sobre este inmueble se financiaba íntegramente con el pago de este alquiler.

Tanto Gosálbez como Damià Amengual vivieron unos años a todo tren, con gastos sufragados con fondos públicos. Por el cargo que ocupaban realizaron varios viajes, en desplazamientos en avión en primera clase, durmiendo en hoteles de cinco estrellas y visitando los mejores restaurantes de las ciudades que visitaban. El gerente también tenía por costumbre cobrar a la Administración los gastos que hacía en bares y restaurantes que visitaba en Palma y en su pueblo, Algaida, así como compras de ramos de flores. Cuando viajaba a Menorca le gustaba degustar calderetas de langosta, a cargo de los contribuyentes.

También Gosálbez, aprovechándose del cargo público que ejercía, consiguió pagos en especie. El publicista que contrataba con el Consorcio realizó la decoración de la céntrica peluquería que dirigía con su pareja en la calle Nuredduna de Palma. El escrito de acusación no señala que Juan Gálvez, el exdirector general de Juventud, cobrara comisiones, pero permitió que se malversara dinero público. Ordenó el desvió de 120.000 euros a Jesús García Oeo. Este antiguo concejal del PP de Calvià mantenía un pleito judicial porque se sentía perjudicado al perder la explotación del albergue de la Victoria, en Alcúdia. La Administración autonómica reconoció este perjuicio que había sufrido, pero lo calculó en 12.000 euros, aunque García Oeo exigía el pago de 120.000 euros. Para conseguir cobrar este dinero buscó la ayuda de Gálvez, que simuló que el Consorcio organizaba el traslado de un grupo de jóvenes mallorquines para que estuvieran varios días hospedados en albergues de Francia y Portugal. Estos viajes nunca se hicieron, pero para poder desviar el dinero hizo falta la entrega de varias facturas falsas que emitió un empresario español residente en Francia. El importe de estas facturas coincidían en el dinero que reclamaba el exconcejal de Calvià, que gracias a que ha devuelto el dinero será condenado, pero no ingresará en prisión. Fue DIARIO de MALLORCA el primero en informar sobre esta trama. Las detenciones de estos cargos políticos se realizaron en el mes de agosto de 2008, pero este periódico ya detalló seis meses antes las irregularidades descubiertas, como por ejemplo el autoalquiler que había suscrito Juan Francisco Gosálbez con un local de su propiedad, por el que recibía una renta de 4.500 euros al mes.

Tan deficiente fue la gestión que el Govern tuvo que reconocer la quiebra de este consorcio público, que no pudo hacer frente al pago de sus proveedores, en parte porque una elevada partida de su presupuesto terminó en los bolsillos de sus gestores y porque se pagaban alquileres desorbitados por locales que no tenían ninguna utilización pública.

La fiscalía calcula que los perjuicios económicos rondan el millón de euros. Los acusados han devuelto una parte de este dinero, pero la acusación les exige que paguen el resto.

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