­La gestión de Juan Francisco Gálvez, exdirector genera de Juventud en el último Govern de Jaume Matas y de Damián Amengual y Juan Francisco Gosálbez, responsables de un desconocido organismo público dedicado a fomentar actividades juveniles, el Consorci Turisme Jove (CTJ), podría calificarse del desmadre de la langosta, eso sí pagada por todos los contribuyentes. Los tres sellarán hoy un pacto de conformidad con la fiscalía, que les llevará a prisión a cumplir penas de entre 4,5 y 3 años de cárcel; otros diez acusados se conformarán con penas menores y multas.

Calderetas de langosta en Menorca, mariscadas en Palma, carajillos y meriendas en Pina, hoteles de lujo, viajes al extranjero y por media España sin otro fin que divertirse, cobro de sobornos, pago de alquileres desorbitados, obras innecesarias a cargo del Govern, son algunas de las fechorías imputadas al trío de Turisme Jove, sus acólitos y sus antiguos proveedores. Todo pagado por un consorcio al que arruinaron y cuya utilidad pública dejaba mucho que desear.

Damià Amengual, de 53 años y natural y vecino de Algaida, reconoció ante el juez que ser gerente de CTJ le venía grande. Amengual se limitó a dejar hacer a Juan Francisco Gosálbez. Este, pese a ser formalmente el jefe de servicios y mantenimiento, era el factótum del consorcio. Mientras tanto Amengual pasó al Govern todos los tiques de sus múltiples visitas a bares y restaurantes de su pueblo y Palma, recibos de taxis y numerosos envíos de ramos de flores (gasto que aún no se ha aclarado).

Estos recibos los cobró pese a que en su nómina había un capítulo dedicado a dietas. Daba igual, nadie se enteraba de nada.

En Menorca se zamparon una suculenta caldereta de langosta, a la que invitaron a un constructor local y a otras personas. Amengual también comió langostas a costa del contribuyente en restaurantes de Palma; pasó gastos de gasolina y almorzó gratis muchos días cerca de su casa de Pina.

Business class

Gosálbez vivió unos años de vino y rosas en CTJ. En el verano del 2006, y con dos compañeras de trabajo, se fue a Londres a todo plan. Business class, hoteles de cinco estrellas, categoría superior... La excusa era realizar un curso de idiomas, pero ni Gosálbez ni una de sus compañeras de expedición hablaban inglés.

Juan Francisco Gálvez admitió ante la Policía que enchufó en el CTJ a su amigo Gosálbez y a otros colegas. Gálvez era el presidente del consejo de dirección de CTJ y como tal dio el visto bueno a varias de las barrabasadas. Él autorizó el alquiler de unos locales en la calle Francisco Vidal i Sureda que eran propiedad de Gosálbez y de su novia María Auxiliadora Pérez de Algaba, también acusada. En esos locales, que costaron 4.500 euros al mes al Govern, teóricamente se iban a instalar oficinas del consorcio, pero nunca se usaron.

Palo a la red nacional

Gosálbez y su pareja se mostraron muy activos a la hora de vaciar las arcas públicas. Tanto que tuvieron la osadía, según el fiscal anticorrupción, de dar un palo a la Red Española de Albergues Juveniles.

Dicho organismo distribuyó un millón de euros entre las Comunidades Autónomas para fomentar el uso por los jóvenes de los albergues públicos. El avispado jefe de mantenimiento del CTJ consiguió quedarse casi 19.000 euros de la red nacional, simulando que se habían hecho dos tandas de intercambio de jóvenes en el albergue de La Victoria (Alcúdia).

El principal imputado, que fue el primero en colaborar con la fiscalía anticorrupción, era mister 20 por ciento. Iba loco porque los proveedores del organismo le abonaran comisiones o por inventar obras u otros gastos, con los que conseguir nuevas dádivas.

Algunos de los empresarios que han pactado ahora con anticorrupción explicaron a los investigadores que Gosálbez les amenazó con dejar de contratarles. Según los imputados no tuvieron más remedio que abonar las mordidas.

La fiscalía preconiza que Juanfran, como era conocido Gosálbez, contó en su red de sobornos con el beneplácito y ayuda de Amengual y Gálvez, a los que repartió parte del botín.

En ocasiones los regalos a Gosálvez fueron en especie: una empresa de publicidad, suministradora del consorcio, se dedicó a modernizar y ambientar la peluquería de su novia sin cobrarle ni un céntimo.

El exdirector general Juan Francisco Gálvez está acusado de desviar 120.000 euros del Govern al antiguo edil del PP de Calvià Jesús García Oeo, también acusado.

García Oeo arrastraba desde hacía años un pleito con el Govern por los daños que sufrió al ser despojado de la explotación del mencionado albergue de La Victoria. El empresario calculó que el Ejecutivo le adeudaba 120.000 euros, pero los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma únicamente le reconocieron una deuda de 11.903 euros.

El exregidor no se amilanó. El que la sigue la consigue: movió cielo y tierra hasta cobrar, de una manera rocambolesca, los 108.097 euros que le debía el Govern.

Para ello se utilizó el socorrido CTJ, que, como ya estaba esquilmado, tuvo que pedir fondos extraordinarios al Govern.

Se echó mano de un español residente en Francia (otro de los encausados) que simuló haber organizado estancias de mallorquines en Francia y Portugal y giró una serie de facturas falsas al consorcio. Casualmente, las facturas provenientes del país vecino sumaban la reclamación de Oeo.

No hay reino chiquito que no quiera ampliar su territorio. Turisme Jove ocupó hasta 2005 un local en la calle Jeroni Antich de Palma, por el que solo pagaba un alquiler al mes de 800 euros. A Amengual y Gosálbez aquella oficina les pareció poquita cosa: se lanzaron a la aventura a lo grande y alquilaron, sin consultar a nadie, otros locales en la calle Barón de Pinopar.

La operación fue catastrófica para las arcas del consorcio: se pactaron unas rentas anuales de 192.000 euros, por un plazo de diez años, lo que hubiera supuesto un desembolso total de casi dos millones de euros. Afortunadamente, el contrato se pudo rescindir.

La fiscalía acusa al trío calavera de dejar en quiebra técnica al consorcio juvenil.