El juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha condenado a 2 años de prisión y una multa de 514.969 euros al empresario Vicente Grande por un delito contra la Hacienda Pública por simular la compraventa de un terreno y unas naves entre dos empresas de su grupo en 2003 para desgravarse impuestos.

La magistrada Margarita Beltrán considera que fue "irreal y simulada" la compraventa del inmueble de la compañía Fagrán por parte de la sociedad Binilencia y que se llevó a cabo para obtener un beneficio fiscal, mediante una deducción en el Impuesto de Sociedades por reinversión de ganancias.

Según la jueza, Binilencia jamás ha pagado siquiera parte del precio que se aplazó al realizar la compraventa (2,3 millones), tampoco ha abonado los plazos de amortización de los préstamos en que subrogó ese inmueble, ni abonó el IVA que gravaba la operación, ni el IBI de la propiedad hasta varios años después.

El intercambio económico por dicha compraventa se sustituyó por anotaciones contables entre Binilencia y Fagrán.

Aunque la operación fue inscrita en el Registro de la Propiedad, la magistrada señala que ese hecho "no acredita la naturaleza simulada o los negocios jurídicos subyacentes".

La sentencia afirma que "se extrajo en definitiva un bien inmueble de una sociedad para ubicarlo en otra, pero sin flujo económico alguno", con la única pretensión de "la minoración de la carga tributaria, por una vía que solo puede calificarse de fraudulenta".

La jueza aprecia en este caso, cuyo juicio se celebró el pasado 18 de septiembre, "una clara elusión del tributo debido, deliberadamente encubierta mediante un comportamiento fraudulento" para "obtener un importantísimo y antijurídico ahorro a costa de la arcas públicas".

Además de la pena de 2 años de prisión, Grande ha sido condenado a pagar una multa de 514.969 euros y, en caso de impago, a 6 meses de prisión, así como a abonar una indemnización por esa misma cantidad a la Hacienda Pública más lo intereses y al pago de las costas procesales.

También ha sido inhabilitado durante el tiempo de la condena y no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas y ha perdido el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un período de 4 años.

El empresario dispone de un plazo de 10 días para presentar recurso de apelación contra la sentencia.

La condena coincide con la pena que solicitaba la Abogacía del Estado como acusación particular, que pidió 2 años de cárcel y reclamó una multa del doble de lo defraudado.

La Fiscalía solicitaba para Grande una condena de 2 años y 6 meses de cárcel y una multa de 1,5 millones, así como que indemnizara a Hacienda con 514.969 euros.