­Anticorrupción acusa a Unió Mallorquina de convertirse en una asociación ilícita, es decir, en una banda criminal creada y dirigida para robar los fondos públicos que gestionó en el Consell de Mallorca. El fiscal sitúa a Maria Antònia Munar, expresidenta de la institución, al frente de esta organización y reclama para ella otros ocho años de cárcel en una de las piezas del llamado caso Voltor.

En este nuevo escrito de acusación, que firman los fiscales Subirán y Carrau, se le imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Delitos que derivan de las irregularidades descubiertas en Cilma, el consorcio público informático del Consell, que se utilizó, según el fiscal, como plataforma para contratar a 29 empleados "fantasmas", que cobraban un sueldo público, pero trabajaban para UM en busca de votos.

Anticorrupción quiere que Munar vuelva a ser juzgada por corrupción y que esta vez comparta banquillo con otros 17 compañeros que en su momento formaron parte de la cúpula de Unió Mallorquina. Para todos ellos se piden penas que suman 95 años de cárcel, más 200.000 euros en multas. El fiscal implica en la trama a los exconsellers Francesc Buils, Miquel Àngel Flaquer y Miquel Nadal. A cada uno le reclama siete años y medio de prisión. Nadal y Buils se encuentran ahora en prisión, al igual que Munar, cumpliendo condena por otros casos de corrupción.

También se acusa a otros dirigentes políticos, con funciones de responsabilidad dentro del partido, aunque a un nivel más inferior. La mayoría de ellos ocupó cargos públicos en las instituciones que dirigió UM gracias a los resultados electorales conseguidos, según señala el fiscal, gracias a los fondos públicos que se destinaron para pagar la campaña electoral del partido. Anticorrupción pide penas de cárcel para Eugenia Cañellas, María Antonia Vidal, Susana Mas, Eugenio Losada, María José Rodríguez, José Lliteras, Mateo Cañellas, Catalina Julve, Antonio Segura, María Esperanza Massanet, Coloma Castañer, Pedro Mir, Antonio Moragues y Lucas Colom. En total, 18 personas que compartirán el mismo banquillo de los acusados y que están acusados también de participar en esta asociación ilícita. El fiscal quiere que todos ellos ingresen en prisión. También tendrá que estar presente en el banquillo un representante del desaparecido partido, ya que reclama que se devuelva la totalidad del dinero malversado, que se cuantifica en 430.000 euros.

Es la primera vez que Anticorrupción considera en un escrito de acusación a Unió Mallorquina como asociación ilícita. Existen pocos casos en España en los que se ha acusado a un partido político de organizarse para delinquir, con el propósito de enriquecer al partido y a sus dirigentes como fondos públicos. El único precedente sería el caso de Herri Batasuna.

La fiscalía ha redactado un amplio escrito para justificar que UM se convirtió en una banda criminal. Se sitúa al frente de esta organización a Munar, Buils, Flaquer y Nadal, y acusa a estos cuatro políticos de "idear, planificar, desarrollar y ejecutar" un plan organizado para robar los fondos públicos de las instituciones que dirigían. Y unas de las empresas que fue utilizada para este desvío de fondos fue Cilma, el consorcio de informática local del Consell de Mallorca. El plan para desviar estos fondos, según la versión de Anticorrupción, fue relativamente sencillo. El consorcio público contrataba a determinados trabajadores, todos ellos personas próximas a UM. Estos empleados cobraban un sueldo público, pero no trabajaban para el consorcio, lo hacían para el partido. Se les encargaba tareas de captación de votos, proselitismo y difusión del programa político de UM.

La fiscalía afirma que UM, como toda banda criminal, creó una estructura jerárquica. Sitúa a Munar como "líder o jefe director", lo que le permitía establecer "las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo". Munar impartía las órdenes por su doble condición de presidenta del Consell y de UM.

Estas órdenes las recibían sus subordinados. En este grupo sitúa el fiscal a Buils, Nadal y Flaquer. Ellos eran los que transmitían las órdenes de la presidenta a sus respectivos colaboradores. El fiscal asegura que con este plan delictivo en la contratación de personas afines a UM no solo el partido obtenía un beneficio económico, sino que también lo recibían los dirigentes. Gracias al control que tenían sobre el dinero público que gestionaban y que engrosaba las arcas del partido, iban escalando posiciones dentro de la formación.