­El consorcio informático del Consell de Mallorca obtuvo financiación pública para desarrollar tres proyectos. Se trataba de los programas Infomallorca (con el que debía mejorarse los contenidos de una página web), Mallorca Digital y proyecto Eiel. Estos programas se desarrollaron a través de tres departamentos distintos del Consell de Mallorca, que dirigían Francesc Buils, Catalina Julve y Miquel Nadal. En total, la empresa pública del Consell logró reunir 430.000 euros que se destinaron, no a la financiación de los proyectos informáticos, si no a pagar los gastos para que Unió Mallorquina obtuviera un mejor resultado electoral.

Para dar una cobertura formal a estos proyectos, el Consell de Mallorca tramitó convenios de colaboración. Todos los documentos los firmó Munar en persona, con el correspondiente responsable político que debía controlar estos proyectos públicos.

El primer convenio se firma el 4 de octubre de 2004 y lo suscriben Munar y Buils como presidente de Cilma. Con el dinero público se contrató a cuatro personas afines al partido, que se dedicaron, sobre todo, a elaborar archivos informáticos sobre las intenciones de voto que le entregaban los encuestadores, o preparar los lugares donde se celebraban los encuentros de los políticos de UM. El siguiente convenio lo firmaron Munar y Catalina Julve, a quien el fiscal acusa de "colaborar en el diseño criminal". A través del departamento del Consell que dirigía la exconsellera se contrataron a seis afiliados del partido. Fueron Flaquer, Coloma Castañer, Josep Lliteras o María José Rodríguez, exdirectora de Emergencias del Consell, que se encargaron de buscar a las personas apropiadas. Estos empleados nunca pisaron las oficinas de la empresa informática. Recibieron órdenes para realizar trabajos para UM. Mientras unos montaban las carpas de los mítines en las que iban a intervenir los líderes del partido, otros hacían otras labores, como por ejemplo visitar a vecinos de distintas barriadas y confeccionar fichas para conocer las intenciones de votos. Algunos de estos empleados contratados por el consorcio trabajaron incluso en la sede del Consell, en la calle Palau Reial. Una de ellas, bajo las órdenes de Lliteras, se encargaba de recoger información sobre las asociaciones de inmigrantes para "pescar" votos de cara a las elecciones de 2007.

El tercer proyecto se tramitó a través del departamento de vicepresidencia, que dirigía Nadal, que contó con la colaboración de dos de sus personas más próximas, como eran Eugenia Cañellas y Antonia Vidal. A través de esta partida de fondos públicos se costrataron a otros 17 afiliados o simpatizantes del partido. Estos empleados tampoco pisaron nunca la oficina del consorcio. Todos se dedicaron, siguiendo las órdenes de los políticos que dirigían la campaña, como eran Lliteras, el exconseller Cañellas o María José Rodríguez, a fines electorales. Mientras unos hacían fichas sobre intención de votos, otros intentaban convencer a los jóvenes para que votaran a UM. Rodríguez, por ejemplo, se encargó, según detalla el fiscal, que las dos personas que ella contrató que visitaran a vecinos del barrio de Santa Catalina, que estaban enfermos, para ofrecerles ayuda. Debían dejar claro que esta ayuda no se la ofrecía a través de los fondos del Consell, sino que era el partido Unió Mallorquina el que se preocupaba por su bienestar.

El fiscal cuenta con el testimonio del arrepentido gerente del consorcio, Eugenio Losada, que decidió colaborar y contar todos los detalles de esta trama.