Maria Antònia Munar ha estado tres años intentando convencer a varios jueces de que era una persona ajena a la productora Video U, agraciada en tres años con casi 4 millones de euros de subvenciones públicas del Consell que ella presidía.
No impresionó a ninguno de los magistrados y ahora, con una pena de casi seis años de privación de libertad y encarcelada, tiene una difícil papeleta.
El Tribunal Supremo ha declarado probado que compró, con dinero negro de su partido y junto a su otrora delfín Miquel Nadal, la mitad de la productora. La sentencia también la declaró culpable de dar 240.000 euros de dinero del Consell a su empresa por un programa radiofónico nunca emitido, ni producido.
Pero la rendición de cuentas de Munar no acaba con esta primera subvención (en realidad dos), le quedan otras siete ayudas públicas a Video U por explicar y justificar.
En su descargo, la expresidenta de UM definió lo ocurrido con la productora como un "marrón", en el que se le quiso mezclar por venganzas políticas de Nadal y por buscar un trato de favor ante la fiscalía.
El Supremo ha hablado: no hay tu tía: ni luchas intestinas, ni complot de arrepentidos con los fiscales anticorrupción.
Munar no ha podido evitar que otros implicados en delitos de corrupción junto a ella acaben tirando de la manta, buscando una condena más suave.
Ni el préstamo a Bartomeu Vicens para pagar una fianza, ni las ofertas de costear la defensa de otros encausados, ni las advertencias o desmentidos, han impedido la caída en desgracia de una política abandonada.
