El exportavoz del grupo ecologista GOB, Miquel Àngel March, ha negado hoy haber construido en una zona protegida, en una finca agrícola de su propiedad situada en el municipio mallorquín de Pollença, durante la vista oral celebrada esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma.
March está acusado por un particular de un delito contra la ordenación del territorio por haber ampliado presuntamente unas pocilgas en una finca rústica calificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI), una construcción que habría derribado en 2007, hechos por los que dicha acusación popular solicita para el ecologista dos años de prisión y una multa de 3.240 euros.
Durante la primera jornada del juicio, el exportavoz del GOB ha explicado que se llevó a cabo una rehabilitación de la casa principal de la finca L'Assarell en el año 2000 y que en 2001 su madre solicitó una subvención para reparar los desperfectos sufridos por una construcción agrícola dedicada a cochiquera, que había sido dañada por un temporal.
Ha negado haber aprovechado la licencia de obras de la casa para actuar sobre la construcción agrícola próxima. "No levanté nada, rehabilité construcciones preexistentes", ha asegurado March, que ha detallado que dicha reparación fue necesaria después de que un árbol centenario cayera sobre la edificación durante un "cap de fibló" y destruyera la techumbre.
El exportavoz del GOB ha explicado que la solicitud de la subvención para rehabilitar lo dañado fue tramitada ante el Ayuntamiento de Pollença y la Conselleria de Agricultura y "nadie pidió una licencia".
March ha calificado su actuación de "transparente" y "nada clandestino" y ha asegurado que ninguno de los vecinos afectados por la tormenta pidió una licencia para acometer las reparaciones.
El ecologista ha admitido haber derribado en 2007 una tercera parte de la cochiquera rehabilitada, así como otras edificaciones precarias y ha defendido que creía "estar haciendo un bien quitando construcciones obsoletas". Ha puntualizado que desde que tuvo conocimiento de la denuncia por un presunto delito contra la ordenación del territorio no ha vuelto "a tocar nada".
Un payés que ha trabajado en la finca y un vecino han atestiguado en el juicio que la pocilga cuestionada existía al menos desde los años 70.
Si bien cuatro peritos que han intervenido en el juicio han discrepado sobre si la actuación acometida en las pocilgas fue obra nueva o simple rehabilitación, todos ellos han coincidido en que si se hubiera solicitado licencia para reparar e incluso para reconstruir la edificación agrícola, ésta previsiblemente habría sido concedida.
El juez de lo Penal 7, Eduardo Calderón, ha aplazado hasta mañana a las 12.00 horas la continuación del juicio y no ha solicitado expresamente la presentación de los informes finales "por si alguna de las partes reconsidera su postura". El magistrado sí que ha solicitado a la acusación popular que presenta dicho informe concrete en el mismo las fechas de comisión del delito.
La Fiscalía ha pedido la absolución al inicio de la vista por considerar que no existe delito y que de existir estaría prescrito.
