La Dirección General de Salud Pública y Consumo ha presentado el borrador del anteproyecto de ley de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears, que pretende profundizar en la defensa de sus derechos.
Este anteproyecto de ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, en cumplimiento de artículo 51 de la Constitución.
Esta nueva ley, que consta de 97 artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y dos finales, actualizará la normativa de consumo vigente de 1998.
Entre las novedades que introduce el texto está la de un nuevo concepto de consumidor, fija materias prioritarias de protección, como bienes o servicios de uso común, ordinario o generalizado, y se introduce la protección del consumidor vulnerable.
Este tipo de consumidor se define como aquel que por determinadas características se encuentra especialmente indefenso o desvalido en las relaciones de consumo, menores de edad, personas mayores; enfermos o discapacitados o cualquier otro consumidores en situación de inferioridad o indefensión.
Además, el texto actualiza y regula con mucho más detalle la protección de los intereses económicos y sociales de los consumidores, ante cláusulas y prácticas abusivas, a la exigencia de que las ofertas, promociones y la publicidad sean veraces y exigibles, así como frente a las prácticas comerciales agresivas.
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El derecho a la calidad e idoneidad de los productos, a recibir un presupuesto con determinados requisitos en los casos en que el precio no se pueda establecer de manera directa, a obtener un resguardo de depósito cuando se entrega un bien a una empresa, a un documento justificativo de la relación de consumo son otras de las condiciones de la nueva normativa son otras de las innovaciones.
Derecho a obtener información y documentación en la adquisición de viviendas de nueva construcción, normas en relación con los precios y sobre la inclusión de un consumidor en un registro de morosos, regulación del derecho a la información y al de obtener la reparación del daño sufrido se añaden también.
El anteproyecto regula de forma sistemática funciones y potestades de la inspección de consumo y se detallan las facultades de los inspectores, obligaciones, documentos en los que se plasma la acción y medidas cautelares.
En este sentido, se detalla la potestad sancionadora de la Administración y, por primera vez, se regula la reducción de la sanción por pago inmediato.
Este nuevo texto pretende profundizar en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, su salud y seguridad, así como los intereses económicos legítimos de los consumidores y su derecho a la información, señala en una nota el Govern.
El anteproyecto de ley, que permanecerá quince días a exposición pública, deroga el Estatuto de los consumidores y usuarios de las Illes Balears (Ley 1/1998).
La presentación del anteproyecto la ha realizado el conseller de Salud, Martí Sansaloni, ante el Consejo de Consumo.
