Diferentes diputados de la oposición han criticado hoy a la consellera de Educación, Joana Maria Camps, por reprimir a quienes discrepan del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y defienden la enseñanza en catalán.

Camps ha negado reiteradamente la acusación, ha defendido las reformas educativas impulsadas por el Govern y ha asegurado que "el catalán es patrimonio de todos", y no solo de quienes se arrogan su defensa y representación.

El reproche más concreto lo ha formulado el diputado de MÉS Nel Martí, que ha afirmado que Camps "prevaricó" cuando abrió expediente y sancionó cautelarmente a tres directores de institutos de Mahón opuestos al TIL por unos hechos que ahora han sido reformulados.

Aunque inicialmente se expedientó a estos directores por no aplicar el proyecto lingüístico de la Conselleria y criticar el TIL en una carta, se ha replanteado el procedimiento para sancionar su presunta desobediencia por votar contra el nuevo plan en los respectivos consejos escolares, ha relatado Martí.

"Resulta que los directores tienen que votar lo que les mande la consellera", ha incidido el diputado nacionalista, para quien Camps "pretende hacer callar todas las voces que cuestionan el TIL" reprimiendo de forma ejemplarizante a directores de centros mientras no interviene respecto a otros con la misma conducta.

La consellera ha eludido referirse expresamente al contenido de un expediente que el instructor gestiona de forma independiente y siguiendo el procedimiento establecido, completamente ajeno a cualquier presión política, ha afirmado.

Además, Camps ha recordado que en la legislatura pasada, cuando gobernaban los grupos que ahora la critican, se abrieron 33 expedientes a docentes.

Por otro lado, el diputado socialista Antoni Diéguez ha dicho que la gestión de Camps se caracteriza por "poca educación y mucha represión", como la puesta de manifiesto con las "amenazas" a los docentes y padres que apoyaron la huelga contra el TIL.

El diputado de MÉS Antoni Alorda ha puesto el acento en la próxima aprobación de una Ley de Símbolos que establecerá la "censura previa" al obligar a los centros escolares a pedir permiso para colgar banderas o cualquier otro elemento simbólico en los inmuebles públicos.

Camps ha asegurado que "la Conselleria de Educación no ha practicado ningún tipo de represión" y ha recalcado que el Govern tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad porque ganó las últimas elecciones autonómicas.

En cuanto a la Ley de Símbolos, de la que en el pleno de hoy se debaten las enmiendas a la totalidad, la consellera ha asegurado que no es de su competencia.