Tras la manifestación del 29 de septiembre en Palma, histórica, masiva y plural en los motivos que la animaron, el debate sobre la aplicación del polémico Tratamiento Integrado de Lenguas ha quedado encerrado sin solución entre las dos posturas más radicales en conflicto: un Govern torpe e insensible a las demandas ciudadanas que, pese a todo, prefiere la imposición al consenso, y unos docentes y sindicatos que llaman a la desobediencia civil cuando nadie, que se sepa, les ha otorgado la más mínima legitimidad para cometer ese tipo de llamamientos, por otra parte más propios de las dictaduras y regímenes autoritarios que de las democracias. Pero la irresponsabilidad de unos alimenta la de los otros, es su respuesta imperfecta y desproporcionada. La misma que sirve para ocultar la propia incapacidad del Govern para negociar y la de los docentes para llevar a cabo el reto formativo que se les ha planteado. Ante estas circuntancias, que sólo perjudican a los alumnos de los centros públicos, es decir a los hijos de las familias con menos recursos, faltan voces moderadas que pongan las cosas en su sitio, que de verdad acerquen posturas, que tiendan puentes en la necesaria negociación ante la nueva huelga del próximo viernes y que olviden esos órdagos extemporáneos que no conducen a nada.