El juez de instrucción 7 ha rebajado, de cuatro mil a mil euros, la fianza exigida a la Unión General de Trabajadores (UGT) para poder ejercer la acusación particular contra el president del Govern José Ramón Bauzá, al que el sindicato acusa de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
UGT, representada por Pablo Alonso del Caso, había reclamado una fianza de 600 euros, alegando que Lorenzo Bravo, el exsecretario general del sindicato es un jubilado con una precaria situación económica, mientras que la propia UGT arrastra unas pérdidas de cuatrocientos mil euros.
El juez ha entendido que la fianza adecuada es de mil euros.
La admisión a trámite de la querella ha sido recurrida en apelación por la fiscalía de Balears ante la Audiencia de Palma.
